Varapalo judicial y lección de democracia a Ximo Puig

El Gobierno socialcomunista valenciano de Ximo Puig imitó el esquema del independentismo catalán para denunciar y multar a los comercios que eligen dar prioridad al castellano frente al valenciano. Era un ataque en toda regla a la esencia de la libertad y suponía un ejercicio de sectario intervencionismo que conculcaba derechos y libertades individuales.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia acaba de tumbar la norma estrella de Ximo Puig por carecer de competencias para iniciar esa persecución. La sentencia es clara: la Generalitat Valenciana carece de cobertura legal para actuar en el ámbito privado de las personas físicas y jurídicas, con lo que trunca figuras como la delación y la denuncia entre ciudadanos por hablar en una u otra lengua.

De ese modo, el tribunal anula la creación de un registro de personas privadas denunciadas por particulares por vulnerar los derechos de los ciudadanos. La sentencia establece que el decreto atenta contra “los principios de seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad”.

El varapalo judicial deja en evidencia al Gobierno de Ximo Puig, al que retrata como un Ejecutivo capaz de invadir el ámbito de libertades individuales de los ciudadanos. La norma conculcaba  derechos, violentaba la seguridad jurídica de las personas y, en definitiva, atentaba contra principios básicos de un Estado de Derecho. En suma, era incompatible con el marco de libertades.

Imitar al independentismo catalán con normas trufadas de sectarismo no conduce a otra cosa que al descrédito. Defender el valenciano a costa de atacar el castellano es una ignominia. Y si se hace recurriendo a la figura de delatores -chivatos- adquiere una gravedad mayor, si cabe. La Justicia ha retratado a Ximo Puig. La imposición lingüística atenta contra la libertad. El camino que eligió el presidente valenciano, preso de sus socios de extrema izquierda, se ha dado de bruces contra los tribunales. Si Ximo Puig leyera con profundidad la sentencia se daría cuenta de que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia le ha dado toda una lección de democracia.