Sánchez utiliza la Ley de Memoria Democrática para la compra de votos

Tras la entrada en vigor de la mal llamada Ley de Memoria Democrática -que permite la nacionalización de los hijos y nietos de los exiliados de la guerra civil-, el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado orden de reforzar todos los consulados para que ninguno de los posibles solicitantes se quede sin poder votar en las próximas elecciones generales. Se trata, en suma, de que un número aproximado de 250.000 nuevos españoles que el Ejecutivo considera que son ideológicamente más próximos a las posiciones de la izquierda se conviertan en revulsivo de un PSOE en franca decadencia. O dicho de otro modo: como los actuales votantes no parecen estar muy satisfechos con la gestión del Ejecutivo socialcomunista -más bien todo lo contrario- la estrategia pasa por convertir en nuevos votantes al casi cuarto millón de personas que viven fuera de España- especialmente en Iberoamérica- para que actúen de revulsivo. El plan es urgente y el Ministerio de Asuntos Exteriores ha decidido, por la cuenta que le tiene, acelerar al máxime los trámites. El tiempo corre y el Gobierno, ante el temor a perder los comicios, ha encontrado en los hijos y nietos de los exiliados un potencial revulsivo que no está dispuesto a desperdiciar. En Argentina, según las estimaciones más fiables, hay 60.000 personas que podrían nacionalizarse, por delante de Cuba. México, Uruguay y Chile. Ya en 2007, Zapatero nacionalizó a 170.183 personas con derecho a voto.

O sea, que la Ley de «Memoria Democrática» le sirve a la izquierda para reabrir viejas heridas y generar tensión, al tiempo que para inflar el censo electoral con 250.000 nuevos españoles proclives, en teoría, a votar por el PSOE o Podemos. Que Pedro Sánchez se guardaba un as en la manga -conociendo cómo se las gasta el tahúr- era evidente. Y es que este Gobierno va a hacer todo lo que está en sus manos -y lo que no está en sus manos- para seguir en el poder a toda costa.