Golpista Sánchez
Una atenta lectura del pronunciamiento del TSJM permite concluir que el cierre de Madrid decretado por Pedro Sánchez -Salvador Illa no es más que el brazo ejecutor- era obscenamente ilegal, pues con independencia de las discrepancias de índole técnico-sanitarias entre el Gobierno socialcomunista y el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, lo que hizo el Ejecutivo es invadir competencias de la Comunidad con el agravante de que tenía instrumentos a su alcance -el estado de alarma, sin ir más lejos- para lograr su propósito. Y, sin embargo, el Ministerio de Sanidad, a través de una torticera y sesgada interpretación de la ley, se valió del resultado de una votación sin consenso en el Consejo Interterritorial de Salud para consumar una tropelía jurídica que ha causado enormes daños a Madrid y los madrileños. ¿Quién resarce ahora los daños causados?
El plan de acoso y derribo diseñado por Sánchez consistió en inventarse sobre la marcha un umbral de 500 contagios por cada 100.000 habitantes para justificar el confinamiento de Madrid, pese a que las medidas aplicadas por el Gobierno autonómico estaban dando resultados. El objetivo no era frenar el coronavirus, sino acabar con Isabel Díaz Ayuso, que ha resistido con entereza notable la ofensiva socialcomunista. Y para ello, Sánchez no dudó en articular un engendro jurídico que, a través de una orden ministerial, afectaba a derechos fundamentales. Los tribunales han frenado la tropelía y desenmascarado la estrategia de un Gobierno que exhibe un contumaz desprecio a las leyes.
Ahora, Sánchez ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para consumar la amenaza de imponer el estado de alarma, que es un instrumento legal, pero que supone un salto cualitativo en la estrategia de asalto al poder. Ahora que el Gobierno de Ayuso ha logrado contener la expansión del virus, sería la demostración más palmaria de que la pandemia no es más que una excusa para cobrarse la cabeza política de Ayuso, aunque sea condenando a la ruina a Madrid y a los madrileños.
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