Sánchez se niega a declarar por su alergia a decir la verdad

Igual que hizo su esposa, la imputada Begoña Gómez, ahora es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se ha negado a declarar ante el juez Juan Carlos Peinado en la Moncloa, en la causa que investiga a su mujer por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y además ha ordenado a la Abogacía del Estado querellarse contra el juez Peinado por prevaricación. Se acoge al derecho previsto en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que el cónyuge está dispensado de la obligación de declarar «en contra del procesado». Es decir, cuando Pedro Sánchez se ha acogido a su derecho a no declarar está reconociendo que todo lo que pudiera decir iría en contra de su esposa.

Este derecho a no declarar en contra de Begoña Gómez, no sería aplicable con respecto a las preguntas que el juez quería plantearle a Pedro Sánchez en relación con los otros dos imputados, el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache y el empresario Juan Carlos Barrabés; por lo que, al negarse también a contestar estas preguntas, está reconociendo que sus respuestas a este respecto también perjudicarían a su imputada esposa.

Desde que lo conocemos, Pedro Sánchez nos ha acostumbrado a sus constantes mentiras, pero como testigo no habría podido mentir, ya que el artículo 458 del Código Penal establece el delito de falso testimonio que podría llevarle a prisión: «El testigo que faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses». No pudiendo mentir ante el juez, la única opción que le quedaba a Pedro Sánchez era cerrar la boca.

Negándose a colaborar con la Justicia, Pedro Sánchez y Begoña Gómez vuelven a demostrar que viven en el embuste permanente. Han sido infinitas las veces que ambos han repetido que estaban deseando colaborar con la Justicia para esclarecer la inocencia de la mujer del presidente, en lo que siempre han calificado como un montaje de la máquina de fango de la ultraderecha. Hasta que ha llegado el momento de hacerlo y ninguno de ellos ha perdido la oportunidad de demostrar que estaban mintiendo y se han negado a colaborar con la Justicia.

Si todo fuera un bulo de la ultraderecha, ni Sánchez ni su imputada esposa tendrían justificación para negarse a declarar. Sería sencillísimo ponerse delante del juez y responder a sus preguntas para demostrar que no se tiene nada que ocultar y que su actuación ha sido clara y legal. Se les acusa de que hicieron acudir a la Moncloa al rector de la Complutense para utilizar la influencia del presidente del Gobierno y así conseguir que la universidad pública contratara para dirigir una cátedra a una mujer que no tenía estudios universitarios y no estaba en posesión más que de un titulín de una academia privada. Si esto fuera falso, sería facilísimo demostrarlo: mire usted, señoría, aquí está mi título universitario que me capacita para ese empleo, por ejemplo; o aquí tiene el registro de visitas a la Moncloa, en el que usted podrá comprobar que el rector de la Complutense jamás estuvo aquí.

También se les acusa de haber favorecido con multitud de contratos públicos y subvenciones al empresario que ayudó a Begoña Gómez a montar esa cátedra, lo cual aún sería más fácil de demostrar si fuera falso, poniendo ante el juez todas las explicaciones y documentación que lo demostrase. Igual que respecto a las acusaciones de haber registrado a su nombre unas aplicaciones pagadas con dinero público, usando la cátedra para sus negocios privados. Es facilísimo; se le muestran al juez las cuentas y los registros y se aclara todo. Pero si se niegan a acreditar que todo de lo que les acusa es mentira, los ciudadanos tenemos derecho a presumir que es cierto, porque la presunción de inocencia sólo aplica para no ser condenado sin pruebas en los juzgados y la opinión pública debe siempre defenderse contra los corruptos que mienten para aferrarse al poder.