Ratas con derechos humanos

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya ha advertido al Gobierno de que la reforma del Código Penal en materia de maltrato animal que pretenden hacer está plagada de aberraciones jurídicas, igual que les ha pasado con la nefasta Ley del Sí es Sí que está rebajando las penas a los agresores sexuales. El pleno del CGPJ aprobó por unanimidad un informe que advierte de que la nueva regulación puede afectar al principio de proporcionalidad de las sanciones, así como provocar conflictos con otros bienes jurídicos, como son la salud pública o el medio ambiente, y también con otros delitos no afectados por la reforma. Del mismo modo se avisa de que se utilizan términos jurídicos incorrectos e indefiniciones que provocarán confusión. En cuanto a la falta de proporcionalidad, el CGPJ señala como ejemplo que el delito de lesiones de animales vertebrados que no requieran tratamiento veterinario tendrá la misma pena que el delito leve de lesiones a las personas que no requieran tratamiento médico.

Del mismo modo, la pena prevista para el maltrato animal cuando concurra la circunstancia agravante de haber cometido los hechos para causar daño a quien sea o haya sido cónyuge del autor será superior a la que se aplica para el delito leve de coacciones, el de amenazas leves, el de lesiones que no precisan tratamiento médico o quirúrgico o el de maltrato de obra en el ámbito de violencia sobre la mujer. Una nueva chapuza legislativa que, sin tener unas consecuencias tan graves como las que está causando la salida de prisión y rebajas de penas a tantísimos violadores, es síntoma de un mismo mal: haber permitido que unas personas sin formación conviertan en ley sus prejuicios ideológicos, anteponiendo sus caprichos a los intereses del Estado.

Dieciocho meses de cárcel y multas de hasta 50.000 euros por matar a una rata en casa, pero si se hace delante de un menor, la pena por matar a una rata de un escobazo puede elevarse hasta los veinticuatro meses. Obligación de que los dueños de perros superen cursos formativos bajo amenaza de multas. Prohibición de tener a las mascotas en terrazas, balcones, patios o sótanos. Tampoco se podrán dejar en vehículos cerrados o con la correa a las puertas de las tiendas. Se prohíben los circos con animales salvajes, la venta de perros, gatos y hurones en tiendas de animales y se pretenden «reconvertir» los zoos y delfinarios en «centros de recuperación de especies autóctonas». Queda prohibida la integración de animales en belenes vivientes, cabalgatas o procesiones. Incluso se exigen métodos «no letales» contra las plagas de ratas para respetar sus «derechos».

Todo ello como consecuencia de que se establece por ley que «los animales son seres vivos dotados de sensibilidad», que a partir de ahora tendrán múltiples derechos que no llevarán aparejados ninguna obligación. La real academia de la lengua define el animalismo como un movimiento que propugna la defensa de los derechos de los animales. Es una ideología que afirma que todos los animales tienen derechos, como los seres humanos, y su vida debe ser respetada igual que la de cualquier persona. El animalismo va un paso más allá del respeto a los animales y la persecución de su maltrato, porque sitúa a todos los animales en un plano de igualdad con los seres humanos. La ministra Ione Belarra está llevando a cabo esta reforma legal desde estas posiciones ideológicas extremas y minoritarias y para ello ha evitado intencionadamente el asesoramiento de todo tipo de expertos. Así, del mismo modo que no ha tenido en cuenta los criterios técnicos de biólogos o veterinarios, la mayoría de los cuales han expresado sus opiniones en contra de esta nueva norma; tampoco ha considerado necesario asesorarse por juristas que impidan que se vuelvan a cometer errores de bulto, como los señalados por el CGPJ en su informe. Si Pedro Sánchez también le permite seguir adelante se convertirá de nuevo en el único responsable de que en España tengamos ratas con derechos humanos.