¿A qué espera la Fiscalía para ponerse a investigar?

Esteban Torres es un diputado ecuatoriano que está investigando los pagos de 2,6 millones de euros del Gobierno de Rafael Correa a Kinema, la cooperativa de Podemos. Esos pagos se hicieron a través de la Embajada de Ecuador en España entre los años 2012 y 2016 por realizar supuestas asesorías jurídicas que la entidad podemita prestaba a los inmigrantes ecuatorianos que residen en Madrid y Barcelona, entre otras ciudades.

Según las investigaciones de Torres, los contratos bien podrían haber sido una manera encubierta de financiar a Podemos como partido político. Torres subraya que si existiera delito, el tipo penal de Ecuador sería distinto al de España. En el país andino estaríamos ante una posible malversación de fondos públicos y en España se trataría de una presunta financiación ilegal de un partido político. La información recabada por Esteban Torres no deja lugar a dudas: «La Embajada de Ecuador en España tuvo una vinculación contractual con la cooperativa Kinema para la presunta asesoría a inmigrantes ecuatorianos que experimentaban una situación muy delicada por el tema de las hipotecas. Y, adicionalmente, algo que no sabíamos: también para supuestas ayudas psicológicas por un valor no pequeño. Sólo en esto último la cooperativa de Podemos facturó 105.000 euros». El diputado ecuatoriano lo tiene claro: «El objeto es lícito, por supuesto. Pero hace sospechar que hay otras cosas detrás».

Todas esas cosas que podría haber detrás tiene que investigarlas la Fiscalía en España, que para eso está. Más aún cuando el vínculo entre Kinema y Podemos radica en la tramitación de las nóminas del personal del partido en toda España y en el Parlamento Europeo. Un servicio por el que el partido fundado por Pablo Iglesias abona 60.000 euros al año. El trabajo de Kinema era gestionar los pagos al personal, tanto el contratado directamente por el partido, como los asesores y colaboradores de sus grupos parlamentarios en las diferentes Cámaras autonómicas.

Hay indicios más que suficientes como para que el Ministerio Público se ponga a investigar. Ahí están los datos y ahí está la Embajada de Ecuador. ¿A qué espera la Fiscalía?