La pesadilla de la deuda

Si mi admirado Steven Spielberg me sugiriera un título para un filme, le propondría: cuando la deuda taladra. Soy redundante, lo sé, y soy reincidente, también lo sé. Pido disculpas. Pero cuando me enfrasco con nuestras cuentas públicas, un escalofrío recorre mi cuerpo ante la magnitud del estropicio. Mi preocupación aumenta todavía más cuando el Consejo General de Economistas alerta de que nuestro crecimiento en 2019 no llegará al 2%.

Los últimos datos sobre la deuda pública, publicados por el Banco de España la sitúan en 1.210.915 millones de euros. La cifra de por sí es harto impactante, agravándose al constatar que estamos en el 99% del producto interior bruto (PIB) y que desde 2017 hasta hoy se ha incrementado en más de 66.000 millones de euros, a golpe de déficit público de 2018 y 2019. Esa deuda, dicho sin remilgos, de todas, todas resulta impagable y, a la vez, una herencia envenenada para las generaciones que vienen detrás nuestro.

Mis pesadillas más inquietantes, no obstante, me noquean cuando compruebo el volumen de los pasivos en circulación de las Administraciones Públicas: 1.774.125 millones de euros, ¡145% del PIB!, y advierto que de 2017 a hoy esos pasivos – la deuda bruta del conjunto del Estado – se han disparado en ¡162.000 millones de euros! ¡Qué dios nos coja confesados!

¿Cuál ha sido la evolución de la deuda pública, la que computa a los efectos del protocolo de déficit excesivo, durante los últimos años?

El ritmo de crecimiento de la misma es considerable y, al mismo tiempo, peliagudo. En el año 2007, España presentaba una deuda pública calmada, dentro de una línea ejemplar. Con 384.662 millones de euros, equivalentes al 35,6% de nuestro PIB de entonces, la deuda remansaba en cotas muy sanas. Los esfuerzos de los años precedentes, en los que incluso en algunos momentos nuestras cuentas públicas se saldaron con ligeros superávits y, en todo caso, con déficits minúsculos, fueron determinantes para conseguir unas finanzas públicas arregladas, que de largo cumplían con las condiciones del Pacto de estabilidad: deuda pública por debajo del 60% del PIB y déficit inferior al 3% del mismo PIB.

Las cosas se torcieron con la crisis financiera de 2008 que devino en mortal de necesidad para nuestras finanzas públicas. Los déficits cosechados, tremebundos y que como reiteradamente recordamos, con 814.443 millones de euros acumulados de 2008 hasta 2019, dispararon la necesidad de recabar dinero por parte del Estado español para atender la cascada del voluminoso y nada contenido gasto público. Ahí empezó una escalada letal de deuda pública que en el gráfico siguiente se reproduce.

Mientras la deuda pública galopaba, nuestro PIB más o menos permanecía estancado e incluso retrocediendo. El peso, por ende, de la deuda sobre el PIB, expresado en términos porcentuales, fue aumentando y aquel 35,6% de peso de la deuda pública sobre el volumen de nuestra economía evoluciona de tal guisa que en 2019 prácticamente equivale al 99% del PIB.

Si lo anterior es ya de por sí un quebradero de cabeza, lo peor es constatar la suma de la deuda bruta del conjunto del Estado, esto es, los pasivos en circulación de las Administraciones Públicas que en 2007 ascendían 513.038 millones de euros – 47,7% del PIB de aquel año – y hoy suman 1.774.125 millones de euros – ¡144,9% del PIB! -, colocando a nuestro país ante una patente vulnerabilidad.  Baste decir a este respecto que tal deuda ha aumentado de 2007 a 2019 en 1.261.087 millones de euros y entre 2011 y hoy lo ha hecho en 813.548 millones.

En fin, que la deuda bruta del conjunto del Estado se ha disparado en 162.000 millones de euros de 2017 hasta hoy.