Olor a conspiración
Alguien desea la muerte política de Cristina Cifuentes y este martes ha intentado asestarle un golpe de gracia. El carisma de la dirigente popular crece sin pausa y sus rivales políticos están dispuestos a prostituir la verdad con tal de asaltar su puesto, conscientes de que en las urnas sería prácticamente inexpugnable. Como sucediera en la shakespeariana Dinamarca del príncipe Hamlet, algo huele mal en Madrid. Más allá del insoportable hedor que deja tras de sí la corrupción en serie que se dio durante los gobiernos de Gallardón, Aguirre y González, el tufo de la conspiración amenaza la figura de la actual presidenta autonómica, quien ha pasado de policía en la ‘Operación Lezo’ a presunta ladrona en ‘Púnica’ por obra y gracia de una filtración carente de pruebas, asentada sobre la inconsistente base de la opinión. Una acción interesada que finalmente ha terminado en ridículo cuando el juez del caso, Eloy Velasco, ha desestimado la petición de la Unidad Central Operativa (OCU) de investigarla por prevaricación y cohecho por una supuesta incompatibilidad en la adjudicación del contrato de la cafetería de la Asamblea.
En menos de seis horas, el juez del caso ha descartado cualquier implicación de Cifuentes en la financiación irregular del PP de Madrid. No obstante, la palabra del juez no puede ocultar la verdadera intención de una persecución tan súbita como extraña que buscaba sin duda el desprestigio y la imputación de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Una maniobra que no es de extrañar si tenemos en cuenta que la figura de Cristina Cifuentes se ha convertido en una compañía incómoda tanto para los corruptos como para los partidos de la oposición. Sus enemigos han crecido en proporción a sus constantes iniciativas por hacer norma de la ejemplaridad en las instituciones públicas y regenerar las estructuras internas de Génova 13 desde una plaza tan visible e importante como es el centro de la nación.
De hecho, fue ella la que desatascó el desagüe de la corrupción en el Canal de Isabel II cuando presentó una denuncia en la Fiscalía en julio de 2016. Ella la que dijo que «empezaba un tiempo nuevo» al hacerse cargo del Partido Popular madrileño y ella, una vez más, la que declaró «tolerancia cero» ante cualquier práctica ilícita. Compromiso que además puso negro sobre blanco en un acuerdo de investidura con Ciudadanos. Por lo tanto, todos los que entiendan la actividad política como un medio para enriquecerse o vean a Cristina Cifuentes como el sólido valor político que es, estarían encantados de que la encausaran fuera como fuese. Algo que, como han dejado claro tanto el juez Eloy Velasco como la Fiscalía Anticorrupción, es del todo improcedente. La presidenta se ha ganado a pulso el crédito político del que goza ante los ciudadanos y lo ha hecho con el único método que no caduca nunca: trabajo y honestidad. Tanto Podemos y su moción de censura como sus rivales ocultos deberían tenerlo en cuenta antes de hacer el ridículo con ataques de gran fatuidad pero nulo contenido.
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