Obligar a los médicos de Baleares a saber catalán perjudica seriamente la salud

Lo de Francina Armengol, presidenta socialista del Gobierno balear, es la crónica de un fracaso anunciado. En un caso de libro de sectarismo político, exigió que los médicos que trabajan para la sanidad pública en las islas debían acreditar el conocimiento del catalán. La locura en grado sumo, porque lo que ha ocurrido en Baleares es que la llegada del verano y las bajas por coronavirus han provocado un descenso de profesionales tan pronunciado que Armengol no ha tenido más remedio que recurrir con urgencia a médicos de familia y prescindir del cumplimiento del requisito del catalán, porque de no hacerlo los centros de salud sufrirían un demoledor déficit de efectivos. Así que Armengol reecula, aunque sea incumpliendo la ley aprobada en 2016 por el pacto de izquierdas que gobierna en las Islas. Es la ley por la que se exige acreditar el conocimiento de la lengua catalana para trabajar en la Administración autonómica.

Hasta la aprobación de este decreto el conocimiento del catalán era un mérito pero no un requisito. La norma afecta tanto a los celadores como también a todo el personal, médicos y enfermeras incluidos, lo que ha provocado un caos de dimensiones colosales. Y es que el disparate se ha traducido en que no pocos profesionales médicos tuvieron que irse a trabajar fuera de las islas por la imposición del catalán. La ley de Armengol era un peligro para la salud -nunca mejor dicho- y los hechos lo han confirmado. En 2016 había en Baleares 13.116 médicos en la sanidad pública y en 2021  la cifra había bajado a 11.690 ante la imposiblidad de cubrir las plazas por el certificado obligatorio del conocimiento del catalán.

Conclusión: llevar al paroxismo del absurdo el sectarismo ideológico tiene consecuencias. Y las consecuencias en Baleares están ahí: no hay médicos suficientes por culpa de un requisito absurdo que ahora, cuando el daño ya está hecho, ha quedado sin efecto. A buenas horas, mangas verdes.