Obama quiere que se vote sin carné

El primer factor capital en una elección es el censo, el segundo la participación… y el tercero quién hace el recuento. El 3 de noviembre los ciudadanos de EEUU elegirán a los 435 miembros de la Cámara de Representantes, a 35 senadores de los 100 que forman esta cámara y a los gobernadores de 36 estados. Si el Partido Republicano pierde su mayoría en las Cámaras del Congreso, Donald Trump se convertiría en un pato cojo, un presidente paralizado. Y desde hace meses hay una pelea en Estados Unidos por los censos, las tarjetas de votación y hasta el diseño de los distritos.

Los dos partidos, el demócrata y el republicano, tienen experiencia en preñar las urnas, sobre todo el demócrata. Éste se las apañó para excluir a los negros de los censos en los estados que formaron la Confederación y así establecer un régimen de partido único en el Sur, que se rompió en las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo XX.

Desde hace años, los republicanos batallan por establecer el requisito de mostrar un documento con fotografía ante la urna, mientras que los demócratas lo consideran superfluo, ¡incluso racista! Algo tan obvio que no se discute en España, ni en Marruecos, enfurece a los demócratas, hasta el punto de que el ex presidente Barack Obama ha intervenido para oponerse a la tramitación de un proyecto de ley que quiere imponerlo en las elecciones federales. El argumento es que carga con muchas obligaciones a los ancianos, a los pobres y a las minorías raciales.

La Cámara de Representantes aprobó el 10 de febrero la Ley de Protección de la Elegibilidad del Votante Estadounidense (SAVE Act) por 218 votos a favor y 213, con los diputados de los dos partidos separados de manera tajante; sólo un demócrata de Texas rompió la disciplina de partido y se pasó al lado republicano.

El proyecto ha pasado al Senado, donde necesita sesenta votos, cuando los republicanos cuentan con cincuenta y tres. En esta Cámara fracasaron las anteriores votaciones, en 2024 y 2025. Los republicanos podrían aprobarlo si suprimiesen la mayoría cualificada, pero muchos de sus senadores se niegan a emplear semejante recurso, porque podría volverse en su contra, entre ellos el jefe de la bancada republicana, John Tune.

La Ley SAVE pretende suprimir el riesgo de que voten en las elecciones federales (a la presidencia y al Congreso) personas que no sean ciudadanos y, también, la comisión de fraudes mediante el voto por correo y el electrónico. Los demócratas responden que las leyes y las administraciones estatales ya prohíben que quienes no son ciudadanos voten y, añaden, que las infracciones son excepcionales.

Uno de estos casos infrecuentes debe de ser el de un inmigrante ilegal detenido por el ICE en diciembre que trabajaba como supervisor del sistema educativo en una ciudad de Iowa. El individuo también aparece inscrito en el censo electoral de Delaware, estado demócrata. Las autoridades del estado natal de Joe Biden aún no han explicado cómo consiguió el individuo, natural de Guyana, inscribirse en el padrón electoral y si ha votado alguna vez.

El año pasado se celebraron varios referendos sobre este asunto. En Maine, estado demócrata, se rechazó la propuesta de los republicanos de pedir un carné con foto a los ciudadanos. En cambio, en Wisconsin, estado basculante ganado por Trump en 2016 y 2024, se aprobó una enmienda para introducir en la constitución local el requisito de un documento de identificación. Otro referéndum escribió en la constitución de Texas la declaración de que sólo los ciudadanos de EEUU pueden votar en sus elecciones, federales y locales. En Georgia, el octavo estado por población, los republicanos reformaron el año pasado la legislación electoral con la intención de asegurar la limpieza del sufragio.

Alimentan las sospechas sobre la integridad del voto (aireadas por Trump y su partido después de las elecciones de 2020) que los estados donde la legislación permite votar sin necesidad de identificarse o hacerlo con un carné sin foto estén controlados casi todos por demócratas. Dos de éstos son tan importantes como California y Nueva York. De los diecinueve estados en que Kamala Harris ganó en 2024, sólo dos, los pequeños Rhode Island y New Hampshire, exigen carné con foto; mientras que, en los treinta y uno en que Trump venció, únicamente Pensilvania y Nevada autorizan el sufragio sin identificación.

La Ley SAVE modificaría la Ley Nacional de Registro de Votantes (1993) en un punto fundamental: el padrón electoral dejaría de elaborarse con declaraciones juradas de los solicitantes y pasaría a depender de pruebas documentales obligatorias de ciudadanía estadounidense. Éstas consistirían en un pasaporte, el certificado de nacimiento o naturalización, la credencial militar, o el registro hospitalario de nacimiento. También introduciría el requisito de mostrar una identificación con foto en vigor en las elecciones federales.

Además, se obliga a los estados a revisiones permanentes para detectar a no ciudadanos en el censo, con consultas a bases de datos del Departamento de Seguridad Nacional, de la Seguridad Social, o de los permisos de conducir, y a borrar del censo a toda persona que no sea ciudadana cuando no exista documentación probatoria.

Una muestra del coladero que son los censos electorales en el país que juzga las elecciones en otras naciones fue la sentencia, obtenida a instancias de una asociación, que ordena a Oregón la eliminación de unos 800.000 votantes inactivos que constan en los documentos. El gobierno local, demócrata desde hace décadas, ha quitado importancia a su dejadez asegurando que esas personas no reciben documentación para sufragar.

Muchos políticos demócratas que exigieron durante la pandemia del COVID certificados de vacunación para los ciudadanos o que reclaman documentos personales y de antecedentes penales para la adquisición de armas, en cambio, se oponen a los requisitos de identificación para votar. Igualmente, critican que el Gobierno federal vaya a desplegar el ICE cerca de los colegios electorales, pero ¿qué inmigrante ilegal acudiría a votar, cuando las leyes se lo impiden?, ¿o es que en algunos estados sí lo hacen?