No hay nada más social que las viviendas de la Guardia Civil

Bajo el argumento de que se necesitan para construir «vivienda social», Sumar -la formación de la cada vez más cuestionada Yolanda Díaz- pretende desalojar de sus hogares a 32 familias de guardias civiles de la localidad barcelonesa de San Vicente del Horts, localidad natal, por más señas, del líder separatista de ERC, Oriol Junqueras. Tiene guasa la cosa, los que se muestran contrarios al desalojo de okupas e inquiokupas son los primeros que quieren desalojar de sus viviendas a la Guardia Civil, se conoce que porque las familias de los agentes no son merecedoras de la protección social que el comunismo otorga a los enemigos de lo ajeno.

La última vez que se exigió la entrega de ese terreno fue el pasado mes de octubre. El consistorio de la ciudad barcelonesa, cuyo alcalde es el socialista Miguel Comino Haro, aprobó una resolución para solicitar al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska que le cediese el inmueble en el que se ubicaban esos pisos de la Guardia Civil. El objetivo era «incorporarlos al parque social». La iniciativa propuesta por el PSC y los comunes, que gobiernan la localidad, salió adelante con sus votos junto a los de la coalición Junts per Sant Vicenç, siglas con las que ERC se presenta en el municipio. Sin embargo, no ha habido grandes avances desde entonces.

La formación de Yolanda Díaz refleja que la instalación «consta, según datos proporcionados por el Ministerio de Interior, de un total de 36 viviendas, de las cuales 32 se encuentran ocupadas». Es decir, que en su interior hay guardias civiles viviendo en esos inmuebles. Sin embargo, desde el partido magenta alegan que el «suelo edificable» del edificio es «muy superior a la densidad actual de espacio». En otras palabras, que se podría aprovechar mejor la superficie para hacer más casas de las que ahora hay construidas. O sea, que la solución pasa, según Sumar, por echar a los guardias civiles y sus familias.

La portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, suscribió el pasado mes de diciembre la PNL en la que se instaba al Gobierno a «priorizar de manera urgente los trámites para la cesión de uso o propiedad del edificio del antiguo cuartel de la Guardia Civil de Sant Vicenç dels Horts al Ayuntamiento del municipio para que pueda ser destinada a vivienda social de alquiler asequible». Dicho de otro modo: el «escudo social» del Gobierno es para los okupas. Para la Guardia Civil, patada y a la calle.