Merkel abrió la puerta, Alemania ahora quiere cerrarla en Italia

Que la invasión está dividiendo, quizá fatalmente, nuestras sociedades es algo que ya se sabe, que se puede comprobar directamente y a diario. Pero el fenómeno está acelerando otra división, esta menos previsible: la que afecta a la Unión Europea.

Los países empiezan a echarse las culpas unos a otros y a tratar de quitarse “el muerto” sobre las espaldas de terceros. El caso es que ninguno se hace responsable de la situación. A Giorgia Meloni empiezan a devolverle inmigrantes desde media Europa. Alemania quiere reanudar los traslados a Italia de solicitantes de asilo que entraron en la Unión por territorio italiano y continuaron viaje hacia el norte. Austria ya ha empezado. Suiza prepara los suyos y Suecia y Finlandia se han apuntado también a la operación. España, el tonto del grupo, prefiere invocar los mecanismos europeos de «solidaridad».

El primer combate serio enfrenta a dos pesos pesados: Alemania e Italia. Berlín ha comunicado a Roma que piensa reanudar los traslados de los solicitantes de asilo registrados primero en Italia que continuaron después hasta Alemania. El Gobierno alemán considera el funcionamiento de este mecanismo condición indispensable para que funcione el nuevo régimen europeo de asilo. Roma lleva desde diciembre de 2022 bloqueando buena parte de esas devoluciones y sostiene que las cuentas anteriores a la entrada en vigor del nuevo Pacto europeo sobre Migración y Asilo deben darse prácticamente por liquidadas. Entraron por Italia, ¿no? Pues te los quedas. Italia responde: Me los has traído tú.

Y tiene algo de razón. Desde la llegada de Meloni al poder en 2022, los Open Arms alemanes han desembarcado en puertos italianos a 22.513 de los 42.338 inmigrantes, más de la mitad. Si añadimos los buques de bandera alemana operados por organizaciones de otras nacionalidades, la cifra ronda los 27.000. Durante años, además, algunas de esas organizaciones recibieron dinero público alemán.

Europa lleva una década tratando de decidir quién debe hacerse cargo de los inmigrantes que llegan a sus fronteras y la respuesta sigue dependiendo sospechosamente de dónde se formule la pregunta. Para el norte existe un principio de «responsabilidad»: el país por el que entró el solicitante debe ocuparse de él. Para Italia, España o Grecia existe otro principio igualmente europeo, el de «solidaridad»: sus fronteras mediterráneas son fronteras exteriores de toda la Unión y no pueden cargar ellas solas con las consecuencias de la geografía.

En 2025, Italia recibió 24.152 peticiones de otros países europeos para hacerse cargo de solicitantes registrados inicialmente en su territorio. Sólo aceptó 85. Alemania presentó aquel año 35.993 solicitudes de transferencia a otros Estados y sólo consiguió ejecutar 5.377.

Además, todo el mundo se acuerda de la responsabilidad central de Alemania en toda esta locura. Hace once años fue Angela Merkel quien cursó al mundo la gran invitación universal de 2015. Su Wir schaffen das, «podemos hacerlo», se convirtió en el lema de la Willkommenskultur, la cultura de la bienvenida. Aquí caben todos, vino a decir Mutti Merkel. Y le hicieron caso. En 2015 y 2016 Alemania registró la friolera de 1,2 millones de solicitudes de asilo.

La decisión de Merkel transformó la política alemana y, de paso, la europea. Lo que había sido una cuestión relativamente periférica se convirtió en el gran asunto político del continente. Con esa inmigración de aluvión, AfD pasó de ser un partido marginal a disputar el liderazgo electoral.

Por eso ahora, de repente, las fronteras sí importan. Berlín quiere saber exactamente por qué país entró cada solicitante y, cuando la respuesta es Italia, devolverlo al sur. Alemania, que convirtió la acogida en una obligación moral europea cuando Merkel abrió las puertas, descubre una década después las virtudes de que cada cual se haga responsable de lo que entra por su frontera. Primero se invitó. Después se pidió solidaridad para repartir a los invitados. Ahora que el clima político ha cambiado, se desempolva el libro de registro para averiguar por qué puerta entró cada uno.

Pero Giorgia Meloni tampoco llega a esta discusión con un certificado de virginidad migratoria. Ganó las elecciones prometiendo frenar la inmigración masiva. Y, sí, vale, los desembarcos cayeron a 66.617 en 2024 y 66.316 en 2025. Su Gobierno ha endurecido las políticas contra la inmigración clandestina, ha intentado externalizar parte de la gestión migratoria y mantiene una batalla permanente con las ONG que operan en el Mediterráneo.

Pero, al mismo tiempo, Meloni decepcionó a sus electores al abrir de par en par las vías de inmigración laboral. El Decreto Flussi para 2023-2025 estableció centenares de miles de plazas para trabajadores extracomunitarios. El nuevo programa para 2026-2028 autoriza otras 497.550 entradas: 164.850 este año y alrededor de 166.000 en cada uno de los dos siguientes. Italia se dispone así a importar cerca de medio millón de trabajadores extracomunitarios más en sólo tres años.

Al italiano que eligió a Meloni porque no quería ver la secular identidad de su país anegada en un mar de recién llegados no puede consolarles el medio millón de extranjeros que llegan clandestinamente se haya convertido en ese mismo medio millón, pero con sus papeles en regla. La realidad demográfica es la misma.

Alemania pretende socializar por Europa las consecuencias de una política migratoria que ella misma convirtió en imperativo moral durante los años de Merkel. Meloni pretende seguir siendo el gran referente europeo contra la inmigración masiva mientras su Gobierno organiza una de las mayores aperturas a la inmigración laboral de la historia reciente de Italia. Y este tipo de peleas pueda dar al traste con una alianza, la UE, que hace tiempo no vive sus mejores momentos.