La ley de «tataranietos» un monumental fraude electoral

Pareciera que el vicepresidente 1.º y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, hubiese atendido a lo que la pasada semana recordamos respecto a la insólita situación en la que se encuentra España. Que en toda la legislatura no ha cumplido con lo que establece la Constitución en su artículo 134, relativo a que el gobierno presente en el Congreso, antes del 30 de septiembre de cada año, el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el siguiente ejercicio. La última vez que lo cumplió fue en 2022, lo que es un relevante ejemplo del incumplimiento de una norma considerada consustancial a una auténtica democracia parlamentaria. Lo cierto es que, dada la situación política de acreditada carencia de mayoría en el Congreso, al no querer sus aliados parlamentarios, en especial Junts, llegar unidos al sanchismo a las elecciones municipales del próximo 23 de mayo, esos Presupuestos no se podrán aprobar. Lo que utilizará Sánchez como última coartada para  convocar elecciones generales anticipadas, para enero/marzo de 2027. Cuando debería haberlo hecho ya en 2023.

Asimismo, el vicepresidente afirmó que «la vivienda es la gran prioridad del gobierno». Teniendo en cuenta que Sánchez lleva instalado de presidente más de 8 años, explica muy bien el porqué de esa grave situación por la que atraviesa la vivienda en España. Junto a esa importante cuestión hay otra no menor, y que afecta a la misma identidad nacional, consistente en definir y regular quién es español.

Es la llamada «ley de nietos», recogida en la disposición adicional 8.ª de la ley de «memoria democrática» de 2022. Que sustituyó a la de «memoria histórica»  de 2007, ambas socialistas y, además, la «democrática», apadrinada por Bildu. Lo que explica también lo que está sucediendo ahora. Esa «ley de nietos» de 2022 abrió un proceso para reconocer la nacionalidad española a descendientes de quienes tuvieron que exiliarse por razones políticas, ideológicas (o de «orientación sexual») con ocasión de la Guerra Civil y el franquismo. Proceso ampliado en un año hasta octubre de 2025, y que ha recibido unas 2,5 millones de peticiones.

Determinadas circunstancias sobrevenidas han puesto de manifiesto un virtual proceso de ingeniería electoral con el propósito de incrementar el voto CERA – Censo de Españoles Residentes Ausentes – en determinadas provincias, lo que significaría un auténtico fraude electoral. Ello sin olvidar lo que es esencial a estos efectos: que un gobierno es elegido por los ciudadanos sobre los que gobierna y cuya política pagan con sus impuestos. No por quienes ni pagan ni les afectan sus políticas por no residir en España. Y que por tanto no pueden ser titulares de la soberanía nacional. No es de recibo que tengan derecho a votar personas cuya nacionalidad española es meramente fruto de un reconocimiento oficial y burocrático.

Quizás ayude a entender lo que sucede conocer que la disposición adicional 8.ª de la ley de Memoria Democrática —»la ley de nietos»— fue modificada apenas publicada en el BOE por una directora general del Ministerio de Justicia. Lo que es algo que supera todo lo imaginable, a lo que se añade que quien lo hizo era «casualmente» una hermana de Óscar Puente, el conocido ministro. La cual, sin legitimación ninguna por su parte, se atrevía a afirmar que su Instrucción era «más acorde con la voluntad del legislador y el espíritu de la ley».

En esa instrucción, lo que hizo la directora general, hermana del ministro Puente, fue nada menos que incluir entre los beneficiarios de la nacionalización a otros grupos, que iban más allá de los recogidos en la ley de 2022. Entre ellos, los nietos que pasaban a ser tataranietos. Es decir, cambiar por su voluntad el contenido de una ley que nada menos que regula quién tiene derecho a acceder a la condición de español y de votar en unas  elecciones.

Que Buenos Aires, la capital argentina, sea la tercera ciudad española en número de españoles tras Madrid y Barcelona, es un ejemplo de lo que está sucediendo actualmente con la aplicación de esa ley de Puente. Si a este disparate se le añade la «regularización masiva de inmigrantes ilegales» que dobla el medio millón que anunció el gobierno, «a España no la va a reconocer ni la madre que la parió». Como dijera Alfonso Guerra, en 1982.