¿Una ley para proteger a los niños? 

Imagine el lector que se aprueba una ley para reducir o prevenir las muertes por cáncer en España. Lógicamente toda la ciudadanía estaría a favor. Y todos los partidos políticos se sumarían a esta idea en nombre del “interés general” para mejorar la salud de la población.

Imagine que se crean multitud de servicios públicos en cada comunidad autónoma, en cada Diputación y en cada ayuntamiento para ello.

Imagine usted que además se subvencionan a cientos de asociaciones para trabajar en ello.

Imagine que se aprueba gastar un 15% en publicidad institucional de cada ministerio en los medios, TV y prensa para hacer anuncios de prevención.

Imagine que se ofrece a las empresas reducir sus impuestos si hacen campaña para prevenir el cáncer.

Imagine que a los colegios profesionales se les ofrecen subvenciones para colaborar en la campaña de prevención del cáncer.

Imagine que se crea un teléfono de ayuda 24 horas, y otros 17 teléfonos 24 horas en cada comunidad autónoma.

Imagine que se organizan y costean cientos de cursos, jornadas, congresos nacionales e internacionales para hablar de ello.

Imagine que en cada colegio, en cada instituto y en cada universidad se crean unidades “especiales” de prevención del cáncer y nuevamente se organizan y costean jornadas y mesas redondas.

Imagine que se les da dinero a los sindicatos para crear servicios de prevención contra el cáncer.

Imagine que en cada empresa se crea un “delegado especial” de prevención del cáncer.

Imagine que se crean más de 200 juzgados de lo social y fiscalías especiales para investigar y castigar a los posibles responsables de producir cáncer.

Imagine que todo esto sale de los Presupuesto Generales del Estado.

Imagine que tras 10 años de aprobar aquella ley y de gastarse más de 240.000.000.000 de euros (estimación de la UE) en ello, se descubre que se ha incrementado casi un 90% el número de casos de cáncer y que se ha duplicado e incluso triplicado el número de fallecimientos por dicho motivo.

Todo el mundo llegaría a la conclusión de que aquella ley de prevención del cáncer es un fracaso.

Pues imagine, además, que todo este tinglado deja fuera la atención a los hombres por el hecho de ser hombres y a los niños varones por el hecho de ser varones.

Imagine que han pasado cinco años más, y la cosa sigue igual. Las muertes siguen incrementándose y los casos de tratamiento contra el cáncer no paran de incrementarse entre un 5% y un 10% anual.

Pues deje de imaginar y sepa usted que todo esto es lo que ha pasado realmente con la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004.

Pues deje de imaginar y sepa que esto es lo que va a pasar con la nueva ley de protección de la infancia (LO 8/21) que se acaba de aprobar. Los niños y jóvenes menores de edad (varones) quedan fuera de cualquier ecuación, siempre y cuando el agresor sea una mujer.

Mucha gente va a ganar dinero con todo esto. Cruz Roja, Save the Children, los CEAR, asociaciones de juristas, etc.

Ya sabemos que este tipo de leyes y sus millonarias partidas presupuestarias no han evitado el asesinato de ninguna mujer.

Como tampoco ninguna ley de protección de la infancia va a prever el asesinato de niños como los execrables crímenes de Olivia y Anna en Tenerife o el asesinato de Yaiza en Sant Joan Despí.

Los datos están ahí: si hace 20 años había entre 20 y 25 asesinatos de mujeres de media al año y hemos pasado a los 60 a 65 asesinatos de mujeres de media al año, está claro que la ley de prevención de violencia sobre la mujer sólo ha hecho incrementar el número de asesinatos de mujeres.

Y si el número de casos de mujeres maltratadas (por número de denuncias) se ha triplicado desde entonces, es que esta ley no sólo es un fracaso, sino que es una ley que está provocando más violencia familiar. Sólo por esto habría que derogarla y replantearnos de forma seria y científica de una vez por todas cómo prevenir de verdad esta lacra social de los asesinatos de mujeres y niños en el ámbito familiar.