Juan Guerra y David Sánchez: dos casos, dos épocas

Hubo un tiempo en España en el que la política aún conocía una palabra que hoy parece escrita en latín: responsabilidad. No hablamos de sentencias firmes. Ni siquiera de condenas. Hablamos de ese viejo concepto, casi decimonónico, según el cual un gobernante respondía también por la sombra que proyectaban los suyos.

Alfonso Guerra era, después de Felipe González, el hombre más poderoso de España. El número dos indiscutible. El estratega. El parlamentario brillante. El látigo de la oposición. Inteligente hasta la insolencia, duro en la réplica, apasionado de una política que entendía como combate dialéctico y como transformación social. Nadie discutía su peso político. Pocos discutían su talento y todos en el partido le temían.

Pero un día apareció su hermano.

Juan Guerra había instalado un despacho en la Delegación del Gobierno en Sevilla. Un despacho sin cargo oficial que acabó convirtiéndose en el símbolo de una forma de entender el poder demasiado próxima al parentesco y demasiado alejada de la ejemplaridad. Durante meses, España asistió al espectáculo de un hermano que parecía ejercer influencia gracias al apellido que llevaba. Quizá la justicia nunca encontró responsabilidades penales para Alfonso Guerra. Pero la política entendió algo que hoy parece revolucionario: el problema ya no era únicamente jurídico; era moral.

Felipe González terminó apartando a su vicepresidente en 1991. No porque un juez hubiera condenado a Guerra. No porque existiera una sentencia irrevocable. Lo hizo porque comprendió que un gobierno también puede perder autoridad cuando pierde credibilidad.

Aquello era política hasta con sus sombras. 

Han pasado más de tres décadas. Hoy conocemos la condena de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por un delito de prevaricación administrativa –enchufe– en relación con su contratación en la Diputación de Badajoz. La sentencia es recurrible. El procedimiento no ha terminado. Y, como corresponde en un Estado de derecho, la presunción de inocencia y las garantías procesales deben respetarse hasta el final. Pero la política no siempre camina al ritmo del Código Penal.

Ahí reside toda la diferencia entre dos épocas. Antes bastaba el desgaste institucional para abrir un debate sobre responsabilidades. Hoy ni siquiera una condena en primera instancia altera el pulso del poder. Todo se reduce a una estrategia de comunicación: desacreditar al juez, denunciar conspiraciones, movilizar a los propios, esperar que el siguiente escándalo entierre al anterior y, por supuesto, que el one no dimita. Que Sánchez le siga escuchando componer en Moncloa y escribir en la mesa de Adolfo Suárez, ¡qué digno!

Y con todo ello, vemos cómo la política española ha dejado de dimitir. Ha aprendido a resistir. No importa el qué. Sólo importa el cuánto aguanta.

Felipe González entendía que gobernar exigía, además de ganar elecciones, preservar la autoridad moral del Ejecutivo. Pedro Sánchez parece convencido de que gobernar consiste, ante todo, en conservar una mayoría parlamentaria. Y sus socios, instalados en un silencio cada vez más elocuente, invitan a pensar sobre aquellos senadores de la antigua Roma que asistían impasibles a todo exceso mientras sus privilegios permanecieran intactos. La lealtad no era hacia las instituciones, sino hacia la supervivencia del poder. Hoy parecen dispuestos a atravesar cualquier incendio político, por devastador que sea, con tal de no poner en riesgo el frágil equilibrio que los mantiene en sus escaños.

Los socios… Ay, los socios…

Los socios contemplan la escena con la serenidad de quien calcula escaños antes que principios. Los mismos partidos que durante décadas hicieron de la regeneración democrática una bandera descubren ahora que la ética posee una elasticidad admirable cuando el poder depende de unos pocos votos, de asientos, sueldos y vete tú a saber qué más.

La indignación, al parecer, también cotiza en el mercado político. Y es que no deja de resultar curioso. Quienes exigían dimisiones por simples sospechas guardan hoy un silencio casi litúrgico cuando la tormenta afecta al Gobierno con el que forman parte. No hay comunicados solemnes. No hay ruedas de prensa reclamando ejemplaridad. Apenas alguna declaración medida para no incomodar demasiado al aliado imprescindible. Qué pena de personajes, más de que políticos y encima se suman a la bandera de España cuando juega la selección española, española digo, y vitorean el himno cual independentista se pone firme ante la suya. Ay…, independentistas.

Todo esto es la geometría variable de la conciencia. Lean bien, decía Manuel Azaña que «en política, unas veces se gana y otras se pierde; lo importante es no hacer el ridículo». Quizá hoy habría añadido que también conviene no perder el pudor, la ética, la vergüenza torera y española.

Porque el verdadero problema de la política española – repito España– no son ya los tribunales. Es la desaparición de lo que decía anteriormente, la vergüenza.

Antes, un escándalo erosionaba gobiernos. Hoy apenas modifica el argumentario de los portavoces. Antes los partidos temían el juicio de la opinión pública. Hoy sólo temen el algoritmo de las redes sociales.

Antes existía algo parecido al honor político. Ahora basta con reunir los votos suficientes para sobrevivir una semana más. Y, sin embargo, la historia tiene memoria.

El caso Juan Guerra no acabó únicamente con un despacho en Sevilla. Marcó el principio del desgaste del felipismo porque los ciudadanos entendieron que la confianza pública es un patrimonio extremadamente frágil. Quizá por eso conviene recordar aquella lección, señor Sánchez.

Las democracias no se deterioran únicamente cuando alguien vulnera la ley. También se resienten cuando desaparece la convicción de que el poder debe ser ejemplar, incluso cuando la ley todavía no obliga. España no necesita políticos perfectos. Nunca los ha tenido. Necesita políticos que comprendan que la dignidad de un cargo no empieza donde termina el Código Penal. Empieza mucho antes.

Y esa frontera, la de la honorabilidad, parece haberse quedado huérfana en algún rincón de la Transición, esperando que alguien vuelva algún día a reclamarla.