Opinión

La inversión extranjera huye de la inseguridad jurídica

Los últimos datos publicados de inversión extranjera inciden en lo que viene siendo una tónica a lo largo de los casi ocho años de gobierno del presidente Sánchez, ya que muestran claramente que la inversión empresarial extranjera ha disminuido desde que él llegó al Gobierno.

Era de esperar que se diese tan preocupante acontecimiento, debido a que este Gobierno ha sembrado la inseguridad jurídica en todo momento, y no hay nada peor para la economía que no tener claras las reglas en las que se va a desarrollar la actividad económica, porque la incertidumbre que ello conlleva retrae las inversiones a realizar ante la duda de que vaya a cambiar la normativa en algún momento de la inversión, con el perjuicio que acarrearía para el inversor correspondiente, de manera que los empresarios se lo piensan dos veces antes de volver a invertir en España.

Esa inseguridad jurídica es la que ha ido sembrando con múltiples subidas de impuestos; con la creación de tributos específicos para determinados sectores por mero populismo; de intromisión en las decisiones empresariales, ya sea entrando en el capital de grandes multinacionales para nombrar al presidente, ya sea empleando consultas populistas para eludir su responsabilidad ante una OPA; con el ataque al sector empresarial casi constantemente; con el intento de control de la Justicia, que acabaría con la separación de poderes; y, por supuesto, con la presunta corrupción que acorrala al Gobierno y que introduce desconfianza a la hora de invertir si no se sabe si para ello personas ligadas al poder van a exigir las llamadas «mordidas», como están investigando la Justicia y la UCO, que, respetando la presunción de inocencia, no deja de ser preocupante de confirmarse como cierto. Todo ello, hunde la inversión empresarial.

Ahora bien, esa desconfianza de la inversión extranjera con la política económica de Sánchez se ha ido acrecentando, pero desde el principio desconfió de él. De hecho, nada más llegar ya se produjo un deterioro en la inversión extranjera en España, perdiendo de un trimestre a otro más de 3.000 millones de euros, pero se podría pensar que podía ser fruto de venir de alguna operación especial de inversión anterior.

Sin embargo, los datos de la evolución de la inversión extranjera en España de los últimos casi ocho son demoledores. Según los últimos datos publicados, la inversión extranjera en España en 2025 cayó un 21,82% respecto a 2024, equivalente a 8.587 millones de euros. Asimismo, respecto al IITR-2018, cuando Sánchez llegó al gobierno, la inversión extranjera en el IVTR-2025 es la mitad de la que se recibía entonces.

Deterioro fruto, como antes he comentado, de la inseguridad jurídica de las medidas económicas del sanchismo, que ahuyentan la inversión y, con ello, reducen las posibilidades de crecimiento económico y empleo, empobreciendo a la economía. Las medidas intervencionistas de los decretos anticrisis, como las relativas a la vivienda o la limitación de márgenes y beneficios empresariales, sólo conseguirán expulsar a más inversión productiva de España y empobrecer más a la economía española.

Sánchez piensa que su dialéctica vence a todas las adversidades y que, como el papel lo aguanta todo, nada iba a suceder. Sin embargo, junto a esas medidas, han sido ocho años de muchas equivocaciones en política económica: las cesiones a los independentistas se pagan; forzar las normas por RDL no es ortodoxo; y el populismo presupuestario, con tres ejercicios sin presupuestos, ataca a la economía. Y los presupuestos que ha tenido han sido contraproducentes, pues han elevado el gasto de manera desaforada, con múltiples medidas equivocadas. Ligar las pensiones a la evolución del IPC incrementa el gasto de manera insostenible, lo mismo que aumentar el gasto público sin límite, al igual que subir el salario mínimo un 60% desde que gobierna, que genera desempleo y expulsa inversiones o impide que vengan, porque las empresas tienen que soportar alrededor de 1.000 euros más al año por trabajador en costes laborales -una importante parte es Seguridad Social- que nos hace ser menos competitivos, de forma que la inversión extranjera busca otros destinos, empobreciéndonos.

Si a ello le unimos la salvaje subida de impuestos, la generación de miedo y desconfianza en la economía no puede ser peor. Esto merma la confianza en España como país. Y mermar la credibilidad como país es mermar la inversión que pueda llegar a España, como ya hemos comprobado que sucede con estos datos.

Eso repercute directamente en la actividad económica y el empleo, que, de seguir así, comenzarán a caer más, y, por tanto, en la prosperidad de España. Cuesta mucho recuperar la confianza de inversores y agentes económicos, pero muy poco destruirla.