El Gobierno bordea el delito para combatir el «racismo inmobiliario»

El colmo del delirio y, además, rozando el delito: el Gobierno de Pedro Sánchez enviará solicitudes falsas a las agencias inmobiliarias fingiendo ser demandantes de alquiler con el fin de intentar probar el supuesto racismo que dicen existe en el sector. Y todo ello dentro del denominado Plan de Integración y Ciudadanía del Ministerio de Vivienda. En suma, que el Ejecutivo socialcomunista trasladará a las inmobiliarias falsas ofertas para así disuadir de potenciales acciones de «discriminación residencial».

Un ejemplo: trasladará potenciales ofertas de alquiler en las que sólo variará el nombre y el origen del demandante para detectar comportamientos racistas. Asimismo, se enviarán comunicaciones a las agencias inmobiliarias recordando la normativa vigente y se promoverá la inclusión de criterios explícitos de lucha contra la discriminación en normativas locales y protocolos de intermediación inmobiliaria, en coordinación con municipios, Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y tercer sector. En definitiva, que para combatir el supuesto «racismo inmobiliario» se recurre a identidades falsas, algo que plantea serias dudas legales. Porque simular una identidad no deja de resultar, como poco, un engaño. O algo más.

Acusar sin pruebas al sector inmobiliario de prácticas racistas, sugiriendo que discriminan a los demandantes de alquiler por su origen, es grave. Y más aún, ponerse a enviar solicitudes falsas para pillar a las agencias que, por otra parte, siempre podrán defenderse con el argumento de que es el propietario quien tiene la última palabra y decide a quién alquilar su vivienda.

Estamos, en definitiva, ante otra soberana mamarrachada del Gobierno, que recurre de nuevo a prácticas de dudosa legalidad para combatir un supuesto racismo que pretende demostrar haciéndose pasar por quien no es. Y eso, como poco, es recurrir a una argucia tramposa que, por otra parte, no logrará en ningún caso probar que ha existido discriminación. Todo lo que toca este Gobierno en materia de vivienda termina por complicar más si cabe un problema que no se resuelve con triquiñuelas.