Una gestión criminal

No es fatalidad, es consecuencia directa de una gestión criminal. Porque lo acontecido en la localidad toledana de Urda —un brutal accidente ferroviario en el que han muerto casi 70 personas— no debió jamás ocurrir. Y ocurrió porque una avería, otra más, estuvo en el origen de un siniestro que se une al registrado hace menos de un año en Adamuz. Y aquel, debido a una vía en mal estado, tampoco debió ocurrir. No puede ser que subirse a un tren se convierta en una aventura mortal; no puede ser que subirse a un tren suponga asumir un riesgo vital. Sencillamente, no puede ser.

No puede ser que todo se resuma en que hubo un error humano, porque si lo hubo fue porque, previamente, varios trenes se quedaron varados por un problema técnico. Otra avería más en una cadena interminable de fallos que han hecho de nuestro sistema ferroviario un infierno. Lo ocurrido es fruto de la más absoluta negligencia, la que se deriva de una gestión indecente. Todo es de una obscenidad insoportable.

Un Gobierno y un ministro que nos han mentido burdamente sobre el accidente mortal de Adamuz, que ha mostrado nula empatía con las víctimas de aquella tragedia, sale ahora a repetir el ritual habitual de excusas y a descargar la responsabilidad de lo ocurrido sobre los hombros de un trabajador, en una impúdica exhibición de miseria moral. Lo ocurrido en Urda no es una trágica ironía del destino, ni una fatalidad, sino el fruto de la negligencia que sucede a otra negligencia, en un bucle que provoca rabia y vergüenza.

En suma, lo acontecido es el resultado de una gestión de consecuencias mortales que ya no se resuelve con dimisiones. Ya no. En España hay un Gobierno que está poniendo en peligro la vida de la gente y eso no debería pagarse sólo en las urnas, sino en los tribunales de justicia. Porque gestionar lo público, la red ferroviaria, es incompatible con pasarse el día insultando en las redes. Es lo que tiene que confundir la «incidencia» con la indecencia.