El gasto público de 2020: el riesgo de convertirlo en estructural

Nos encontramos en un momento económico muy complicado derivado de la vertiente económica de la crisis provocada por el coronavirus. El Gobierno no adoptó medidas tempranas, como habría sido el cierre de fronteras con China en enero, por ejemplo, además de otras medidas suaves, para evitar, así, un contagio exponencial, que habría permitido no tener que tomar después las duras medidas que han hundido la economía al decretar su cierre productivo en marzo.

Una vez paralizada la actividad económica, comenzaron a diseñarse planes de actuación que paliasen la caída y tratasen de sostener la actividad y el empleo. Todo ello supone gasto -no el de los avales para la financiación siempre que no necesiten ser ejecutados por fallar el avalado, aunque riesgo alto de ejecución, en las actuales circunstancias, hay-, que tensa el déficit. Adicionalmente, sólo el juego de los estabilizadores automáticos, que incrementa el gasto por aumentar el número de prestaciones por desempleo y disminuye los ingresos por la menor recaudación derivada de la pérdida de actividad, impacta de manera muy importante en el saldo presupuestario, agrandando el déficit.

Todo ello, nos lleva a una situación que en 2020 dibuja un déficit superior al 10%, como estiman el conjunto de organismos nacionales e internacionales, como son el Banco de España, la AIReF, la Comisión Europea o el recientemente publicado informe semestral de la economía mundial de la OCDE, entre otros. En él, la OCDE estima que España cerrará 2020 con un déficit de entre el 10,3% y el 12,5% del PIB, según no haya rebrote o haya que cerrar de nuevo la economía, respectivamente, con el mantenimiento de un déficit muy elevado en 2021, entre el 6,2% y el 9,6% en ambos escenarios.

Eso hará que la deuda sobre el PIB en 2020 se coloque entre el 117,8% y el 129,5% del PIB -que hará que, en magnitudes comparables con el resto de países de la OCDE fuera de la zona euro, la deuda española, con este criterio, esté entre el 139,5% y el 151,2%-.

Todos -déficit y deuda- son datos que no pueden sostenerse en el tiempo, por lo que hay que poner medios para no colapsar. No quiere ello decir que la economía española esté en peligro -entre otras cosas, por el respaldo del BCE-, pero sí que podría llegar a estarlo si no se ataja el gasto.

Atajar el gasto significa, tal y como decían el Banco de España y la AIReF, así como la Comisión Europea, que en 2020 hay que tomar las medidas de gasto necesarias para sostener coyunturalmente el cierre productivo, pero que paralelamente hay que implantar reformas estructurales que permitan hacer crecer la economía y equilibrar las cuentas. Y en este equilibrio de las cuentas públicas es fundamental no generar gasto estructural.

Ya en 2021 vamos a tener todavía un peso importante de los estabilizadores automáticos, pues hasta que no se recobren los niveles de actividad y empleo de 2019 no vamos a eliminar del todo ese impacto. Ahora bien, lo que no se puede hacer es realizar actuaciones de gasto en 2020 que no sean coyunturales, de un único ejercicio, porque si con los fondos para combatir la caída de 2020 se genera una estructura de gastos duradera en el tiempo, no lograremos equilibrar nuestras cuentas, tardaremos mucho más en recuperarnos y la situación económica y laboral permanecerá estancada en bajos niveles durante mucho tiempo.

Sin embargo, el Gobierno de Sánchez está avanzando peligrosamente por el camino del gasto estructural: aprueba el ingreso mínimo vital de manera permanente, que, como poco, tendrá un impacto de 3.000 millones de euros cada ejercicio, si no más, dado el carácter desincentivador y el efecto llamada que puede generar; la ministra de Trabajo hace unas declaraciones en las que parece querer decir que hay que extender el subsidio del desempleo a toda persona que esté registrada como parado sin acotar su extensión; y por último, anuncia el reparto de 16.000 millones de euros a las regiones para combatir la situación derivada del coronavirus, pero insistiendo en que no pedirá una justificación al respecto de cada gasto que realicen.

En el primer caso, el gasto estructural está claro, siendo, además, perjudicial para el desarrollo profesional de las personas, creando una dependencia. No se puede dejar a la intemperie a las personas que lo estén pasando mal en un momento determinado, pero no puede hacerse estructural, porque invita a no buscar trabajo -por mucho que en parte se quiera hacer compatible- o a incrementar la economía sumergida-. Tiene que ser una red que proteja, no unos barrotes que impidan salir de esa situación terrible.

En el segundo caso, es otro disparate que lo único que hará será alargar artificialmente la estancia en el desempleo de muchas personas y que también aumentará la economía sumergida.

En el tercer caso, el Gobierno debe exigir la justificación a las regiones de los gastos que consuman del fondo que transfieran, porque si esos 16.000 millones fuesen excesivos sobre el gasto realizado debido al coronavirus, deberían devolver la parte que no se correspondiese con ello. Si no se hace así -y el Gobierno no va a hacerlo, por lo que ha dicho públicamente- entonces se estará invitando a muchas CCAA a que gasten más de lo que les ha supuesto presupuestariamente el hecho del coronavirus. Es decir, les están incentivando que incorporen nuevas actuaciones de gasto. Mal está este incentivo a gastar lo que no sea necesario, pero lo que tiene todavía un riesgo mayor es que esas nuevas actuaciones que implanten sean estructurales, es decir, que generen una dependencia de ese gasto para el futuro. Eso sería insostenible, pues en 2021 no sólo no habrá este fondo extra, sino que los ingresos serán menores debido a la caída de la recaudación, y en 2022 las CCAA tendrán que devolver las que serán muy negativas liquidaciones del Sistema de Financiación Autonómica de 2020. Si al menos esos excedentes los dedicasen a tener superávit y amortizar deuda, el gasto no estaría del todo mal, ya que aliviaría el endeudamiento, pero estoy seguro de que no lo harán así: hay una probabilidad mucho mayor de que si hay excedentes los apliquen a cualquier nueva actuación de gasto, que después será difícil eliminar para ejercicios venideros, que la que existe de que los dediquen a disminuir la deuda.

España debe iniciar, a todos los niveles, un exhaustivo programa de ajustes, dirigido por el diseño de una austeridad inteligente, que si la hacemos nosotros podrá permitir equilibrar las cuentas, crecer con fuerza, recuperar el empleo y salvar gastos esenciales, como las pensiones, pero que si, por no hacer las cosas bien y seguir aumentando el gasto, déficit y deuda, tiene que ser la Comisión Europea la que diga dónde ajustar, entonces sí que habrá recortes duros, por ser todavía peor la situación, en elementos muy sensibles.

No podemos gastarnos lo que no tenemos, porque, al hacerlo, estaremos comprometiendo nuestra prosperidad, nuestro futuro, nuestra fortaleza como economía. La responsabilidad debería imperar, máxime ahora que los políticos pueden aprovechar que no hay un calendario electoral cercano -País Vasco y Galicia celebrarán elecciones de inmediato, con lo que muy pronto estarán también en esa situación de lejanía para próximas convocatorias electorales-, lo que debería ahuyentar la tentación política de querer ofrecer medidas electorales de gasto a los votantes. Por su parte, la sociedad debería entender definitivamente que nada es gratis, que cada vez que un político anuncia un gasto, está anunciado, simultáneamente, mayor deuda y mayores impuestos, y que no podemos seguir viviendo por encima de nuestras posibilidades, o pasaremos, si no se corrige, a vivir mucho peor.

Sólo el gasto necesario, nada estructural adicional, eliminar trabas, no subir los impuestos y llevar a cabo un control riguroso para que coyunturalmente en 2020 no se gaste ni un céntimo más de lo que se necesite. Eso es lo que hay que hacer si queremos mantener nuestra economía a flote en el medio y largo plazo.