El fraude, en un dato: 333 «nietos» por cada exiliado

No hay que ser ningún lince para concluir que el proceso de nacionalización derivado de la Ley de Nietos ha sido un fraude a gran escala, como revelan los datos. A Argentina partieron desde España 3.000 exiliados por la Guerra Civil y, 90 años después, ha habido un millón de solicitudes de los denominados «nietos», los descendientes directos de aquellos.

Pues bien, las cifras cantan y revelan la magnitud del pucherazo: a cada exiliado le han salido 333 «nietos», una cantidad absolutamente desproporcionada. Imaginen que, en lugar de haber sido 3.000 los exiliados, hubieran sido 30.000. En ese caso, el número de solicitudes de nacionalidad, sólo en Argentina, habría sido, siguiendo la proporción, de 10 millones de demandantes. Y estamos hablando sólo de Argentina, porque si esas cifras las extrapolamos al conjunto de exiliados totales -200.000-, el resultado sería que se habrían producido 66 millones largos de nuevos españoles. Mucho más que la población. De broma.

El Observatorio Demográfico de CEU-CEFAS ha redactado un informe en el que se certifica lo que describen como «desmesura que hay entre el número de exiliados que perdieron la nacionalidad (ellos o sus descendientes) y el de posibles nuevos españoles» que han conseguido la ciudadanía a través de la polémica y luego orillada Ley de Nietos. El epílogo del propio estudio recoge un apartado en el que se habla de la «desmesurada generación de nuevos españoles por la Ley de Nietos, en especial en América, y más en Argentina».

Y tanto: las «desproporciones» que se evidencian al revisar los datos del exilio en América son brutales. Lo que pone de manifiesto que lo verdaderamente  «desmesurado» es el pucherazo que planeaba el Gobierno de Pedro Sánchez. Dicho de otro modo: con cada «exiliado», el Ejecutivo generaba de forma automática 333 «nietos» que luego pretendía convertir en votos, la verdadera clave del pucherazo. Y todavía algunos se atreven a defender que el Tribunal Supremo está cercenando el derecho al voto por suspender de forma cautelar la inscripción en el censo de decenas de miles de falsos españoles.