La Fiscalía debe actuar contra Puigdemont

La Fiscalía debe ser inclemente ante las palabras de Carles Puigdemont. El Ministerio Fiscal no puede mirar hacia otro lado tras las graves acusaciones del ex presidente de la Generalitat. Huido de la justicia española, Puigdemont hace la cobertura propagandística a su adlátere Quim Torra y prosigue con la campaña de persecución política y social contra los demócratas que viven en Cataluña. Así, echa gasolina dialéctica al fuego independentista y llama «comandos terroristas» a los ciudadanos que retiran lazos amarillos y otros símbolos golpistas. Palabras que pueden constituir un delito de injurias y calumnias con el agravante de haber sido difundidas a través de un medio de comunicación. Ambos delitos, englobados en el Título XI del Código Penal, llevan aparejados posibles penas de cárcel. La gravedad, por tanto, es más que manifiesta. La Fiscalía debe entrar de oficio.

No sólo eso, las inadmisibles palabras de Carles Puigdemont también enaltecen el odio en una región que está carcomida institucional y civilmente por el insoportable clima de tensión que los sediciosos han instalado en ella. Escribió Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière, que «la hipocresía es el colmo de todas las maldades». Puigdemont persevera en la senda descrita por el dramaturgo francés. No sólo llama «comandos terroristas» a los constitucionalistas, sino que además trata de blanquear las veleidades golpistas diciendo que «no hay que quemar nada ni hacer actos violentos». Semejante exhibición de cinismo es un insulto a la inteligencia de los españoles. Más, si cabe, cuando Torra ha exhortado a los separatistas a tomar «la vía eslovena». Una referencia del todo inadecuada –una nueva amenaza velada ante la laxitud gubernamental de su socio Pedro Sánchez— por referirse a una guerra que duró 10 días y provocó más de 70 muertos y 300 heridos, amén de casi 5.000 prisioneros.

A pesar de semejantes referencias y apelaciones históricas por parte de su subordinado, Puigdemont se atreve a llamar «comandos terroristas» a ciudadanos libres que, valientes a pesar de estar perseguidos, se atreven a quitar los símbolos del golpismo para tratar de colaborar así con una paz social que, de tan escasa, se ha convertido en una suerte de oasis dentro del gigantesco desierto político que coloniza Cataluña. Por no hablar del intolerable desempeño de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR). Kale borroka de nuevo cuño que persigue a ciudadanos, políticos y jueces hasta hacerles la vida imposible, como ya pudimos comprobar con el caso del juez Pablo Llarena. Por lo tanto, la Fiscalía debe actuar sin dilación. Palabras como las de Puigdemont no sólo son delito, sino veneno para un contexto de por sí envenenado del que sólo cabe esperar que no tengamos que lamentar algún hecho de consecuencias irremediables.