Expolio tributario y presunta corrupción

Vivimos un tiempo terrible, en el que los casos de presunta corrupción rodean al Gobierno y acosan al presidente Sánchez, pues estrechos colaboradores -Ábalos, Cerdán, Koldo- y familiares -su mujer, su hermano- o están imputados o procesados en diferentes causas por presunta corrupción, con el menoscabo que ello produce en la economía. Esto se une a otros casos, como el del Tito Berni. Todo ello, además de albergar presuntas irregularidades, realizado de una manera sórdida, con lenguaje tabernario y prácticas que sólo podrían hacerse de esa manera pensando que se estaba por encima del bien y del mal.

A esto hay que sumarle el último escándalo, protagonizado por el presidente Rodríguez Zapatero y su imputación en la Audiencia Nacional por un presunto caso de corrupción, en el que se le atribuye blanqueo de capitales, tráfico de influencias y dirección de una organización criminal, por los que declaró la semana pasada en la Audiencia Nacional. La lectura del auto es demoledora tanto por el contenido de las presuntas corrupciones como por las formas de ejecutarlas. Ver plasmada en esas páginas la explicación de cómo se extendería, de demostrarse como cierto, una red internacional a la que se le imputa operar y comerciar con oro, con petróleo o con los alimentos que debían ser destinados a las personas hambrientas de Venezuela, causa pavor.

El presidente Rodríguez Zapatero fue, a mi juicio, un pésimo presidente del Gobierno que dejó a España casi en la quiebra, con seis millones de parados, déficit oculto en el traspaso de poderes, deuda doblada en poco tiempo y deuda comercial que asfixiaba a los proveedores, además de haber desenterrado la guerra civil y reabrir heridas cerradas, para tratar de acabar con la Transición, labor que continúa con el presidente Sánchez.

Si, además, la Justicia concluyese, después de todo el proceso, que ha robado, el descrédito para España sería terrible; ya lo es, de hecho, siendo el único presidente del Gobierno imputado por corrupción, pero una condena lo acrecentaría.

Presunta corrupción a la que, como digo, hay que aplicar la presunción de inocencia, pero que de confirmarse supondría un latrocinio a los contribuyentes, a los ciudadanos, asfixiados a impuestos. El Gobierno dice, bajo el lema “No es magia. Son tus impuestos”. En estas páginas ya escribí que, realmente, no es magia, sino abuso, por el grado cuasi confiscatorio de los impuestos.

Pero si se confirma toda esta presunta corrupción, además del daño en credibilidad y seguridad jurídica que sufriría la economía española, los altísimos impuestos que pagamos los españoles -cuya liquidación del IRPF estamos realizando ahora- habrían ido destinados, en buena parte, a comisiones, mordidas y fiestas varias, cuyos beneficiarios habrían sido personas sin escrúpulos, indignas de haber ocupado los cargos que ocuparon. Presunta corrupción y, encima, burla a los españoles con los impuestos abusivos que les cobran.