¿Es España un estado viable?

Las vacaciones del presidente del Gobierno en la Mareta, Lanzarote, en playa privada, mientras las Islas Canarias recibían oleadas de migrantes ilegales, problema para el que su Ejecutivo ni había decidido y sigue sin implementar estrategia alguna, conforman la imagen de una gravísima anomalía: la desatención de la Seguridad Nacional. Malos tiempos para vacaciones, guerra en Europa, conflicto en el Sahel, Estado frágil, amenazas ciertas.

El hecho es que tras entrevistarse con el presidente del Gobierno, el presidente canario no se debió de mostrar satisfecho porque se dirigió a la presidenta de la Comisión Europea en busca de ayuda para paliar los efectos de la invasión de inmigrantes en las isla. A su vez, la delegada del Gobierno en Ceuta se lo pedía urgentemente a sus superiores. Son muestras de la incompetencia del Gobierno.

España tiene sentido como Estado si, basados en la Constitución, se definen sus intereses nacionales, que deben dar respuesta a la finalidad última de un Estado: el bien común, basado en la seguridad, desarrollo y bienestar. Un país debe identificar sus intereses nacionales en un esfuerzo de reflexión estratégica, para enfrentar de mejor manera los desafíos, amenazas y oportunidades del actual contexto internacional.

Es muy posible que España esté atravesando el momento más crítico de su existencia constitucional. Un estado con instituciones en crisis, tales como la abierta politización del Tribunal Constitucional, el conflicto en la Fiscalía del Estado, la parcialidad del Centro de Investigaciones Sociológicas, la Presidencia del Congreso como terminal del Gobierno, entre otros, dejan al Estado gravemente desprotegido ante las amenazas exteriores e interiores.

La cacareada naturaleza ideológica de cualquier acción gubernamental se traduce en una situación de abulia administrativa que se pone de manifiesto en el deterioro de los servicios públicos, en la baja calidad de las normas jurídicas y en la permanente actuación reactiva ante las diferentes situaciones que afectan a la seguridad nacional.

Además, las gravísimas consecuencias del golpe de estado secesionista organizado y perpetrado desde la Generalidad Catalana en 2017 acabaron siendo retribuidas con la consiguiente impunidad política y penal de sus autores, otorgadas formalmente en abierta contradicción con la normativa constitucional, a lo que hay que añadir concesiones estatutarias de pura soberanía como la representación diplomática. Todo ello ha dejado a España con una alta vulnerabilidad, que se traslada al contexto internacional, ya que afecta de lleno a un interés nacional esencial: la unidad del Estado.

No es de recibo que se busque la mayoría parlamentaria a cualquier precio, no es admisible que se empleen conceptos subjetivos, como «reconciliación» como base de decisiones que impliquen la concesión de impunidad a delincuentes, a la vez que se posibilita la reincidencia al derogar el tipo delictivo. De descrédito internacional ha sido la «incursión» del perseguido penalmente director de la antigua sedición sin que se hiciera lo necesario para detenerlo. Es probable que en las actuales condiciones, a petición de la Generalidad se suprima el delito de rebelión.

A la pregunta de ¿es España un estado viable?, la respuesta es evidente, no es viable. La mayoría parlamentaria debe respetar la Constitución y el actual jefe de gobierno actúa de forma caprichosa, corrupta e irresponsable. Él y su partido van en la peor dirección, con la peor compañía, incapaces de seguir las más elementales normas democráticas y de buen gobierno. El presidente del Gobierno de España y su partido se han convertido en el mayor enemigo de España.