España debe dejar un tribunal que ampara siempre a los etarras

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha vuelto a ponerse del lado del mal. En este caso, ha dado la razón a Arnaldo Otegi, uno de los personajes más abyectos de nuestra historia reciente. Miembro en el pasado del comando ETA político-militar (ETA pm), partícipe en el secuestro del director de Michelin en Vitoria, Luis Abaitua, y del político Javier Rupérez. Hoy en día es el líder de EH Bildu, la formación proetarra que sigue poniendo en solfa con su radicalidad la paz social en el País Vasco y Navarra. El TEDH considera que tanto él como otros cuatro dirigentes abertzales tuvieron un juicio injusto por el caso Bateragune. Otegi no condenó el terrorismo de ETA en aquel juicio celebrado en la Audiencia Nacional que ahora califican como «injusto» desde Estrasburgo. Nuestros país debe abandonar un tribunal que ampara constantemente a los etarras.

Otegi siempre ha justificado las acciones mafiosas y criminales de una organización que en su último boletín interno ha reivindicado dos atentados que no había asumido hasta ahora. Una banda que a lo largo de más de medio siglo ha asesinado a más de 900 personas, ha herido a otras 16.000 y por la que 42.000 seres humanos siguen pagando las consecuencias de sus acciones. Eso es ETA. Y, a pesar de ello, su fiel Otegi aún tiene la desvergüenza de decir que España es un «Estado antidemocrático». El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se equivoca gravemente con su fallo. Un error que no hace sino reforzar su deriva de criterio y la necesidad de salirse de él para tener un marco jurídico congruente. El pasado mes de febrero obligaron a nuestro país a pagar 30.000 euros al asesino Igor Portu y 20.000 a su sosias Mattin Sarasola, responsables del atentado en la T-4 del Aeropuerto de Barajas que mató a dos personas e hirió a otras 20 en 2006.

En marzo, volvieron a incidir en el dislate al condenar a nuestras instituciones a pagar 9.000 euros a dos independentistas catalanes que quemaron la foto de los Reyes en 2007. Cada una de estas sentencias dan munición propagandística y argumental a los enemigos de la democracia. Por ello, nuestro país debe oponerse a ellas. Así lo hizo una nación tan seria como Reino Unido, que estuvo a punto de abandonar su jurisprudencia cuando el TEDH falló en contra de ellos en 1995 por la muerte de tres terroristas del IRA en Gibraltar. Algo que volvió a repetirse cuando en 2012 impidieron extraditar a terroristas confesos como el yihadista Abu Qatada. El Tribunal de Estrasburgo debería considerar con más cuidado las consecuencias de sus decisiones. Todo lo demás es dar alas a causas que, como en el caso de Otegi y ETA, no entienden ni de «derechos» ni de «humanos». España no puede ni debe continuar en una institución así.