El día que los jueces pasaron al banquillo

La democracia española atraviesa uno de esos momentos en los que conviene detenerse y observar lo que ocurre y, especialmente, cómo se cuenta. Mientras los tribunales siguen su curso y las investigaciones relacionadas con la espinosa trama de corrupción del entorno de Pedro Sánchez avanzan entre recursos, declaraciones y resoluciones, una parte significativa del debate público ha decidido trasladar el foco desde los hechos hacia quienes tienen la obligación constitucional de investigarlos.

No se discuten ya únicamente las decisiones judiciales. Se cuestiona la legitimidad de los jueces para adoptarlas.

Basta encender la televisión, escuchar determinadas tertulias radiofónicas o recorrer las redes sociales para encontrar acusaciones de lawfare, conspiraciones togadas, persecuciones políticas y amenazas a la democracia. Todo ello formulado, en muchas ocasiones, con una contundencia inversamente proporcional al conocimiento jurídico de quienes las pronuncian. El fenómeno no es nuevo, pero sí cada vez más intenso y con un impacto mucho más profundo de lo que aparenta.

La independencia judicial no existe para proteger a los jueces. Existe para proteger a los ciudadanos frente al poder. Por ello resulta tan llamativo que en algunos sectores se haya instalado la idea de que investigar a quienes ocupan posiciones de relevancia política constituye, en sí mismo, un problema democrático.

La lógica es insostenible, pues si los jueces no investigan, se les acusa de mirar hacia otro lado y, si investigan, se les acusa de intervenir en política. La inquietante conclusión es que la justicia sólo parece ser aceptable cuando sus actuaciones no generan incomodidad.

En este contexto, el reciente llamamiento del Consejo General del Poder Judicial alertando sobre el deterioro de la confianza en las instituciones judiciales debería haber provocado una reflexión colectiva. Sin embargo, ha quedado sepultado bajo una avalancha de opiniones instantáneas, muchas de ellas formuladas sin el más mínimo rigor técnico y amplificadas por la dinámica emocional que domina hoy la conversación pública.

En materia neuropolítica, es bien sabido que el cerebro humano procesa la información política a través de atajos cognitivos. De sobra conocido que las emociones influyen más que los datos en la formación de opiniones y que la repetición constante de determinados mensajes acaba moldeando percepciones que terminan adquiriendo apariencia de verdad.

Cuando durante semanas o meses se insiste en que determinados jueces actúan movidos por intereses políticos, una parte de la ciudadanía acaba incorporando esa sospecha a su marco mental, incluso aunque desconozca los detalles del procedimiento o no exista prueba alguna que respalde semejante acusación.

La cuestión deja entonces de ser jurídica para convertirse en cultural, poniendo en juego, ya no una investigación concreta, sino la confianza social en uno de los pilares básicos del Estado de Derecho.

Si las democracias liberales descansan sobre un equilibrio delicado, con el Ejecutivo gobernando, el Legislativo legislando y el Judicial controlando que nadie quede al margen de la ley, debilitar la credibilidad de cualquiera de esos poderes tiene nefastas consecuencias. Pero si la que se daña es la del único poder llamado a fiscalizar a los demás, resulta especialmente grave.

Por supuesto que los jueces pueden equivocarse. Para eso existen los recursos, las instancias superiores y las garantías procesales. Lo que resulta problemático es transformar cada decisión incómoda en una prueba de parcialidad y cada investigación en una supuesta agresión institucional.

Los influencers políticos y contertulios cum laude deberían, precisamente por responsabilidad democrática, descalificar menos a los jueces y centrarse más en preservar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Porque una democracia madura puede soportar investigaciones, recursos, absoluciones e incluso errores judiciales. Lo que difícilmente puede soportar es que se extienda la idea de que la Justicia deja de ser legítima cada vez que llama a la puerta del poder, o lo que es lo mismo, la banda de Sánchez y su cloaca.

En alguna declaración escuchada en televisión, se ha llegado a pedir la dimisión en bloque del Consejo General del Poder Judicial. Y llegados a este punto, la pregunta es… ¿A quién beneficia semejante atrocidad?