Desobedecer al Tribunal Constitucional es un delito, Pedro Sánchez

Después de que el Constitucional haya decidido suspender cautelarmente la tramitación de la reforma del Código Penal que, a través de una proposición de ley, pretendía torticeramente reformar por la puerta de atrás dos leyes orgánicas -la del CGPJ y el TC- para garantizarse el control del organismo encargado de interpretar la Constitución, Pedro Sánchez tiene la obligación, sí o sí, de acatar la decisión. No hacerlo le colocaría al mismo nivel que los golpistas catalanes y provocaría una quiebra de imprevisibles consecuencias en nuestro Estado de Derecho. De ahí, que tenga la imperiosa e ineludible obligación de hacer respetar y acatar -aunque no le guste- el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Desobedecer al tribunal es un delito que si lo comete el presidente del Gobierno sería de una gravedad que pondría en peligro el sistema democrático y trituraría la imagen de España, al colocar a nuestra nación al mismo nivel que las repúblicas bolivarianas. Cabe esperar un gesto de responsabilidad de Pedro Sánchez, que no puede dejarse llevar bajo ningún concepto por las llamadas a la desobediencia de sus socios de Gobierno.

La situación, en caso de que el jefe del Gobierno decidiera cruzar la línea roja, colocaría a España en una situación sin precedentes. En un Estado de Derecho, la separación de poderes es la base de la democracia, por lo que llevar su enfrentamiento con el TC al extremo del desacato supondría un salto al vacío de funestas consecuencias. Porque eso, sería tanto como revolverse contra la propia Constitución -algo que hicieron los sediciosos políticos catalanes en 2017-. Y es que estaríamos ante un golpe de Estado en toda regla promovido por el mismísimo presidente del Gobierno de España.

En estas horas críticas, una vez el Tribunal Constitucional ha hablado, Pedro Sánchez no puede hacer otra cosa que cumplir fielmente con el mandato del Tribunal Constitucional. Porque lo que está en juego es la democracia.