El Gobierno destina 2.040 millones a la red eléctrica para proteger aves y resistir climas extremos

• Antonio Quilis @AntonioQuilis
• Periodista especializado en información medioambiental desde hace más de 20 años y ahora director de OKGREEN en OKDIARIO. Anteriormente director de El Mundo Ecológico. Colaborador en temas de medioambiente, ecología y sostenibilidad en Cadena Ser.
• • 28/07/2026 15:44
  • Actualizado: 28/07/2026 15:48

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el Real Decreto que regula los planes de inversión en las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.

La norma, impulsada por la cartera de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, autoriza una inversión adicional de 17.900 millones de euros hasta 2030 para infraestructuras que permitan conectar vivienda, industria y transporte electrificado, además de reforzar la seguridad del sistema.

Hasta ahora, la inversión anual en redes con cargo al sistema eléctrico estaba limitada al 0,065% del PIB en transporte y al 0,13% en distribución, unos topes que se han mostrado insuficientes ante el volumen de peticiones de conexión.

Aves y resiliencia climática

Del reparto de esa cifra en distribución, el decreto reserva un 10% para adaptar las líneas a la normativa de protección de la avifauna y otro 10% para resiliencia climática.

Sobre los 10.200 millones adicionales previstos en distribución hasta 2030, ese 20% combinado equivale a un máximo de 2.040 millones destinados a proteger a las aves y blindar las redes ante fenómenos naturales adversos.

La protección de avifauna cubre la adaptación física de las líneas, mientras que la partida de resiliencia climática se orienta a que las infraestructuras aguanten mejor episodios meteorológicos extremos.

Senda creciente hasta 2030

En distribución se podrán invertir hasta 10.200 millones adicionales, repartidos en 1.020 millones en 2027, 2.550 millones en 2028, 3.060 millones en 2029 y 3.570 millones en 2030.

En transporte, el margen adicional autorizado es de hasta 7.700 millones, condicionado a la Planificación eléctrica con horizonte 2030 que el Gobierno tiene todavía en tramitación.

Contando también las inversiones permanentes ligadas al PIB, el desembolso total en las redes eléctricas podrá superar los 35.000 millones de euros hasta el final de la década.

Efecto tractor en la economía

El Ejecutivo respalda la medida en su efecto tractor sobre el conjunto de la economía. Según cita el propio MITECO, cada millón de euros invertido en redes tiene un efecto multiplicador de 1,27 millones sobre el Valor Añadido Bruto.

El mismo estudio calcula un efecto multiplicador de 20 en la creación de empleo. La conexión de nuevos usuarios permitirá además repartir entre una base más amplia los costes de las redes. Ese reparto más amplio de costes debería traducirse, según el Ministerio, en una rebaja de los peajes repercutidos en las facturas finales de los consumidores.

Más partidas en distribución

En el resto de partidas de distribución, hasta un 20% podrá ir a control de tensión, telemando y ciberseguridad, con el objetivo de aumentar la visibilidad y la transparencia de los datos del sistema. Otro 20% se reserva para inversiones anticipatorias, es decir, aquellas en zonas sin redes o con redes saturadas donde la demanda futura aún no está garantizada.

El decreto también favorece que los gestores de red adquieran líneas privadas ya existentes, como las de evacuación de generación, en lugar de levantar infraestructuras nuevas desde cero.

Más transparencia y control

La norma exige a las distribuidoras someter sus planes de inversión a consulta previa, en la que administraciones y agentes interesados podrán remitir propuestas antes de su aprobación definitiva.

Los planes serán públicos y accesibles por internet, y las empresas deberán publicar cada año un informe de cumplimiento sobre lo realmente invertido frente a lo previsto. La norma incorpora, además, un sistema de penalizaciones que reducirá el límite futuro de inversión de las compañías que se desvíen de forma reiterada de sus planes aprobados.