Adiós para siempre a los tratos verbales: los agricultores tendrán que hacer contratos incluso si no hay pagos

En el campo, la palabra bastaba y no hacía falta tener nada firmado. Una finca podía cambiar de dueño sin notario ni ningún documento de por medio. Los agricultores sólo tenían que conocerse, entenderse y cumplir. Pero esa manera tan ligera de hacer las cosas en el entorno rural ha terminado.

El Real Decreto 916/2025, publicado el 14 de octubre, anula la validez de los acuerdos verbales en el entorno agrario. A partir de ahora, todo uso de tierra (aunque no haya contraprestación económica) deberá formalizarse por escrito.

Esta decisión complica la situación de miles de productores, sobre todo en las zonas más despobladas, donde esta práctica es habitual desde hace siglos.

Los agricultores tendrán que acreditar todo

La noticia no se ha recibido de la mejor manera. Desde COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) han mostrado su rechazo. Según la organización, el decreto ignora por completo cómo se gestiona el uso de parcelas en buena parte del territorio nacional, especialmente en minifundios, tierras marginales y zonas donde la despoblación hace imposible seguir el ritmo de la burocracia.

«El BOE se ha cargado de un plumazo una práctica de siglos», denuncian. «Estos acuerdos verbales no solo eran legales, eran funcionales. Servían para que tierras sin rentabilidad real se mantuvieran productivas, limpias y aprovechadas.»

Andoni García, responsable de Organización de COAG, ha explicado que en muchos casos no existe forma de generar un contrato porque no hay ni interlocutor. «Hay parcelas cuyo dueño falleció hace años. Nadie sabe quién las heredó. Pero ahí siguen, y alguien tiene que mantenerlas.»

El problema se agrava con la nueva obligación de acreditar documentalmente cada parcela para poder acceder a los derechos de ayuda básica a la renta. Da igual si el terreno es de media hectárea o si lleva años trabajándose con el beneplácito del propietario. Si no hay contrato, se queda fuera.

Desde COAG piden una revisión. Reclaman que se permita cierto grado de flexibilidad, especialmente en los territorios donde estos acuerdos son la única vía real para mantener la actividad agrícola y ganadera.

Cómo gestionaban los agricultores los acuerdos

Durante generaciones, en el campo español la confianza era el contrato. No hacía falta de firmas ni papeles: bastaba con conocerse, hablarlo y cumplir. Así se gestionaban miles de hectáreas en zonas rurales, especialmente en las más despobladas.

Un agricultor podía sembrar en una finca ajena durante una temporada y, a cambio, el propietario se quedaba con la paja para el ganado. Nadie firmaba nada, era un pacto sencillo, de esos que se sellan con la palabra.

En los pastos, los acuerdos eran igual de prácticos. El ganadero usaba el terreno para su rebaño, y a cambio lo mantenía limpio, sin maleza, despejado. Había quien ofrecía un favor a cambio. O simplemente devolvía el gesto cuando hiciera falta.

También era habitual el intercambio sin dinero de por medio. Un agricultor se encargaba de cuidar los árboles o de limpiar una parcela olvidada, y en compensación podía aprovechar parte de la cosecha.

Lo que sostienen es que legalizar cada pequeña finca, con papeles, escrituras, certificados y notarios, cuesta más de lo que muchas producen. Porque son minifundios, a menudo herencias enredadas, abandonadas o imposibles de rastrear.

La COAG reconoce la necesidad de prevenir el fraude detectado en algunos casos, cuando beneficiarios declaraban parcelas sin autorización del propietario. Por ejemplo, en el año 2023 en Castilla y León se investigaron unas 30 personas por fraude al solicitar ayudas de la Política Agraria Común (PAC).

Hasta ahora, el sistema ofrecía una salida: el propietario podía indicar qué parcelas no debían declararse dentro de la Política Agraria Común (PAC), si alguien las estaba utilizando sin permiso. Con la nueva norma, esa posibilidad desaparece.