Giro en la nueva ley del Gobierno que está reventando a los veterinarios: «Bajo el juicio…»

• Janire Manzanas
• Graduada en Marketing y experta en Marketing Digital. Redactora en OK Diario. Experta en curiosidades, mascotas, consumo y Lotería de Navidad.
• • 10/03/2025 07:00
  • Actualizado: 10/03/2025 07:00

El Real Decreto 666/2023 sobre la prescripción y uso de antibióticos en animales de compañía ha generado una gran controversia en el sector veterinario. Desde su implementación, los profesionales han expresado su preocupación por las limitaciones impuestas por la nueva norma, que no sólo afecta a su autonomía profesional, sino que también puede poner en riesgo la salud de los animales que tratan. La obligación de seguir protocolos estrictos para la prescripción de antibióticos y realizar pruebas diagnósticas previas se considera una amenaza para la salud de las mascotas, lo que ha llevado a veterinarios a protestar contra lo que consideran una ley poco eficaz e injusta.

A pesar de los esfuerzos por parte del Gobierno para tranquilizar a los profesionales, asegurando que no se aplicarán sanciones en casos de urgencia, el sector sigue sin entender cómo esta ley afecta su capacidad para tomar decisiones rápidas y basadas en su experiencia clínica. En este contexto, surgen preguntas fundamentales sobre si la legislación realmente responde a las necesidades de los animales de compañía y de sus propietarios. Es urgente revisar esta normativa, para garantizar que realmente sean la prioridad los intereses de los animales y la salud pública.

Nueva Ley de Medicamentos Veterinarios

El Real Decreto 666/2023, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en julio del año pasado, establece regulaciones estrictas sobre la distribución, prescripción y uso de medicamentos veterinarios, especialmente los antibióticos.

A pesar de que la normativa no es reciente, ha cobrado relevancia este año debido a la entrada en vigor de la obligación de comunicar todas las prescripciones de antimicrobianos mediante el sistema PresVet, que entró en funcionamiento el 2 de enero de 2025. Esta plataforma electrónica permite gestionar de manera centralizada todas las recetas veterinarias, pero su implementación ha provocado el descontento de los profesionales del sector, que acusan una excesiva carga burocrática.

El sistema PresVet se ha implementado con el objetivo de reducir las resistencias antimicrobianas en el sector veterinario, en línea con la estrategia «de la granja a la mesa» impulsada por el Ministerio de Agricultura. Esta estrategia busca disminuir el uso de antibióticos en un 50% para 2030, lo que, aunque puede ser beneficioso en el ámbito de la ganadería, ha generado preocupaciones sobre su aplicación en los animales de compañía, cuyas necesidades son completamente diferentes.

¿Un protocolo adecuado para los animales de compañía?

Uno de los aspectos más criticados del nuevo Real Decreto es el protocolo que obliga a los veterinarios a utilizar antibióticos de una lista restringida, prescribiendo solo aquellos que están autorizados en la normativa. Si se considera necesario un antibiótico diferente, que no figure en la lista, los profesionales deben solicitar un antibiograma, es decir, un cultivo para comprobar la resistencia de las bacterias. Este proceso, además de ser lento, es visto como un obstáculo innecesario que puede poner en peligro la vida del animal mientras se espera el diagnóstico.

En situaciones de urgencia, los veterinarios pueden prescribir un antibiótico fuera de la lista si lo consideran esencial para salvar la vida del animal, pero deben justificar su decisión adecuadamente, lo que genera incertidumbre sobre lo que se considera una «urgencia» y deja a los profesionales en una situación de inseguridad jurídica.

La falta de claridad en las definiciones y la percepción de que los veterinarios están siendo sometidos a una regulación excesiva han generado un gran malestar. La normativa actual no parece tener en cuenta la diversidad de especies que los veterinarios deben tratar, ni las circunstancias específicas de cada caso.

Por ejemplo, el hecho de que los animales de compañía no sean destinados al consumo humano, a diferencia de los animales de granja, debería hacer que su tratamiento con antibióticos sea más flexible, respetando la experiencia y el juicio clínico de los profesionales, quienes están mejor preparados para evaluar qué es lo mejor para cada animal en particular.

Los veterinarios denuncian que el nuevo sistema está diseñado más para controlar y sancionar que para facilitar una atención de calidad. Las sanciones previstas para los profesionales que no cumplan con las normas son severas, llegando en algunos casos a superar el millón de euros. Esto crea un ambiente de miedo y desconfianza, donde los veterinarios se ven presionados a seguir procedimientos estrictos, aunque no siempre sean los más adecuados para el bienestar de los animales.

En una entrevista a EFE, el Ministerio de Agricultura afirmó que «no se multará a un veterinario por administrar un antibiótico al animal antes de recibir los resultados del cultivo si lo hace para salvarle la vida».

Sin embargo, principal problema con la nueva normativa es que parece que no se ha diseñado con la realidad de los animales de compañía. Mientras que la normativa puede ser adecuada para la ganadería, donde el control de antibióticos es esencial para evitar la propagación de enfermedades en grandes poblaciones de animales destinados al consumo, las mascotas tienen un vínculo completamente diferente con los humanos.