Madrid acusa al Gobierno de «bloquear» el retorno a sus países de 134 menas que acumulan 268 denuncias

• Pablo Romero-Salazar
• Periodista. Cubriendo la Comunidad de Madrid.
• • 08/09/2026 11:25
  • Actualizado: 08/09/2026 11:25

La Comunidad de Madrid ha denunciado la «dejación» del delegado del Gobierno, Francisco Martín, en la tramitación de 134 expedientes de reagrupación familiar de menores extranjeros no acompañados, remitidos desde marzo de 2025 y aún sin iniciar. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, le ha exigido en una carta que actúe «de inmediato» ante casos que, en un número significativo, acumulan hasta 268 denuncias.

Según la nota informativa de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, la Comunidad Autónoma ha remitido a la Delegación del Gobierno un total de 134 expedientes con petición razonada de inicio del procedimiento de reagrupación familiar, al considerar que el retorno de estos menores con sus familias de origen responde a su interés superior, tal y como recoge el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000.

A fecha de 4 de septiembre, no consta la iniciación de ningún procedimiento por parte de la Delegación del Gobierno. La única actuación comunicada a la región ha sido una carta en la que se informa de que, entre septiembre y noviembre de 2025, se solicitaron informes a las representaciones diplomáticas de los países de origen de los menores, sin que se haya obtenido respuesta hasta la fecha.

Ante esta falta de avance, la Comunidad dirigió un requerimiento formal a la Delegación el 27 de mayo de 2026 para que aclarase si iba a proceder o no a la incoación de los expedientes y, en caso negativo, motivara su decisión conforme a la Ley 39/2015. El escrito, según la nota, no ha recibido contestación.

La inactividad administrativa ha tenido ya consecuencias irreversibles: 53 de los 134 menores afectados han alcanzado la mayoría de edad sin que se haya tramitado su posible reunificación familiar, lo que ha frustrado el objetivo de los procedimientos mientras aún ostentaban la condición de menores.

La nota subraya que la competencia para iniciar estos expedientes corresponde a la Delegación del Gobierno, que puede actuar tanto a instancia de la entidad de protección de menores como de oficio.

Más de 200 denuncias

El informe remitido por la Comunidad de Madrid detalla que un número significativo de estos 134 menores acumula un total de 382 incidencias, la mayoría por alteración de la convivencia, y hasta 268 denuncias, algunas reiteradas. Entre los delitos que constan: al menos 25 menores han sido denunciados por robo, más de 40 por hurto, 13 por amenazas, 9 por lesiones, 8 por resistencia a la autoridad, 6 por delitos sexuales, 4 por quebrantamiento, 3 por daños y al menos 1 por tenencia ilícita de armas.

En su carta al delegado del Gobierno, fechada el 7 de septiembre, Dávila ha pedido que tramite los expedientes pendientes y «deje de bloquear decisiones técnicas adoptadas exclusivamente en atención al interés superior de cada menor». La consejera ha advertido de que la falta de respuesta genera «una percepción de impunidad» que perjudica tanto a los menores implicados como al resto, y ha alertado de un posible «efecto de contagio» sobre quienes seguían un adecuado proceso de integración.

Dávila ha recordado además que el propio Gobierno de España ha señalado recientemente, a propósito de la situación de menores en Ceuta, que su prioridad es que «vuelvan con sus familias», un criterio que, según defiende, debería aplicarse «con la mayor celeridad» a los casos gestionados por las comunidades autónomas. La consejera ha concluido advirtiendo de que la Comunidad de Madrid «no va a permanecer impasible» ante lo que ha calificado como «la grave crisis migratoria en la que nos ha sumido el peor gobierno de la democracia».