El Gobierno de Ayuso acusa al de Sánchez de imponer ilegalmente a Madrid 2.471 plazas para acoger menas
El portavoz de la Comunidad de Madrid ha anunciado que estudian recurrir la medida a los tribunales
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha acusado este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez de actuar de forma «ilegal» al asignar a la región 2.471 nuevas plazas para la acogida de menores migrantes no acompañados, y ha anunciado que los servicios jurídicos autonómicos ya estudian acudir a los tribunales para frenar la medida.
García Martín ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado con carácter extraordinario en el municipio de Batres, después de que el Ejecutivo central haya actualizado la capacidad de acogida ordinaria de menores migrantes en las comunidades autónomas.
El consejero ha explicado que la decisión «no ha pasado por la conferencia sectorial», el instrumento de coordinación entre el Estado y las autonomías previsto para este tipo de acuerdos, lo que a su juicio vicia de ilegalidad la medida. «Es un asunto que no ha pasado por la conferencia sectorial y, por tanto, es ilegal, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados el Gobierno de Pedro Sánchez», ha censurado.
El consejero ha avanzado que la Comunidad de Madrid ya trabaja en una posible respuesta legal frente a lo que ha calificado de imposición unilateral. «Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid ya están estudiando las posibilidades que tenemos para poder defendernos de este atropello», ha señalado, insistiendo en que «los instrumentos de colaboración existen y están para algo» y acusando al Gobierno central de haberlos «asaltado» una vez más.
Madrid, tercera comunidad con más plazas
Con las 2.471 plazas asignadas, la Comunidad de Madrid se sitúa como la tercera autonomía con mayor cupo del mapa estatal, únicamente por detrás de Andalucía (3.009 plazas) y Cataluña (2.829). Por encima de las mil plazas también figura la Comunidad Valenciana, con 1.903.
Por debajo de ese umbral se encuentran Galicia (940), Castilla y León (833), Canarias (783), País Vasco (776), Castilla-La Mancha (742), Región de Murcia (553), Aragón (476) y Baleares (434). Cierran el listado Extremadura (364), Asturias (352), Navarra (237), Cantabria (206) y La Rioja (114), además de las ciudades autónomas de Melilla (30) y Ceuta (29).
El pulso entre el Gobierno regional y el Ejecutivo central se suma así a otras disputas competenciales previas entre ambas administraciones, en un contexto en el que Madrid reclama mayor participación en las decisiones que afectan a su capacidad de acogida.
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