El clan Pujol quiere aprovechar las comisiones sobre ‘lawfare’ para librarse de su causa por corrupción
Las comisiones de investigación del lawfare sacarán a relucir el caso Pujol para armarles ante un recurso contra una condena
El ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol y su familia, preparan un plan para tratar de anular la causa consolidada por corrupción contra ellos, que lleva once años investigándose en la Audiencia Nacional, a través de las comisiones de investigación sobre el lawfare -la utilización de la Justicia para perseguir a políticos- que se celebrarán en el Congreso de los Diputados. Así, el clan Pujol pretende beneficiarse del acuerdo alcanzado entre Pedro Sánchez y Junts tras haber quedado fuera de la Ley de la Amnistía.
La Mesa del Congreso ya ha admitido a trámite las comisiones de investigación que el PSOE pactó con los independentistas a cambio de que estos votaran a favor de Francina Armengol como presidenta de la Cámara Baja. Las comisiones tratarán sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017 y sobre la llamada Operación Cataluña, llevada a cabo –según los separatistas– para desacreditar a políticos independentistas.
Según fuentes consultadas, es en esta última donde los Pujol han solicitado a Junts que formule preguntas concretas sobre su causa que se enmarca dentro del caso 3%, la trama de corrupción política que apunta al cobro de mordidas por parte de miembros de Convergencia y Unió a cambio de adjudicaciones de obras públicas.
Lo que preparan Junts y los Pujol no son sólo preguntas teledirigidas, sino incluir a personas muy concretas en lista de comparecientes -pactada previamente con el PSOE- a quienes se les pueda «interrogar» sobre esa supuesta persecución política a los Pujol a través de los tribunales.
Caso Pujol
Tras años de investigación, la causa sobre la corrupción cometida por la familia Pujol está a punto de llegar a su fin. Ahora sólo está pendiente de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional fije fecha en la que se celebrará el juicio. Pues, en junio de 2021, el magistrado Santiago Pedraz acordó abrir juicio oral contra el ex president catalán Jordi Pujol y sus siete hijos por la fortuna ilícita que amasaron en el extranjero durante décadas.
El juez les mandó al banquillo por los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental, además de por un delito continuado de falsificación de documento mercantil, otros siete delitos contra la Hacienda Pública y otro delito de frustración de la ejecución. Él autoexcluyó de la imputación a la matriarca, Marta Ferrusola, por demencia sobrevenida.
La Fiscalía Anticorrupción pide 9 años de internamiento para el ex president convergente de la Generalitat entre los años 1980 y 2003 por asociación ilícita y blanqueo de capitales, y entre 8 y 29 años para sus siete hijos –la pena más elevada corresponde al primogénito, Jordi Pujol Ferrusola– así como para su ex nuera Mercé Gironés.
Confesión de Pujol
El 25 de julio del año 2014, hace casi 7 años, ex presidente Jordi Pujol admitió que había ocultado dinero al fisco mediante una cuenta en el extranjero durante más de 30 años, procedente de una herencia de su padre Florenci.
Sin embargo, ahora Pujol intenta colar la causa, por la que se deberá sentar en el banquillo acusado de corrupción, como un puesto caso de lawfare y culpar a los jueces de haberse «extralimitado». «Pretende presentarse como una víctima de la judicialización de la política contra los adversarios y así ampliar la lista de beneficiarios de la Ley de Amnistía», aseguran fuentes conocedoras a OKDIARIO.
Una vez celebradas las comisiones sobre el lawfare, la familia Pujol buscará cómo presentar las conclusiones en la Audiencia Nacional y solicitar que se anule su causa, en la que están ampliamente acreditadas las irregularidades cometidas por los miembros del clan Pujol
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