Ocho jueces catalanes crean una asociación separatista y exigen la libertad de los presos golpistas

Ocho magistrados independentistas en activo han creado la asociación Ágora Judicial, que se presentó el jueves en la sede del Colegio de Periodistas de Cataluña. El primer pronunciamiento de este colectivo ha sido exigir la puesta en libertad los golpistas encarcelados: Oriol Junqueras, Joaquim Forn y los Jordis.

Seis de los jueces que han impulsado esta asociación firmaron en 2014 el llamado «manifiesto  de los 33» a favor de la independencia de Cataluña y del referéndum ilegal del 9-N. Los otros dos han ocupado cargos políticos en los gobiernos autonómicos de Artur Mas (PDeCAT) y José Montilla (PSC).

En la presentación celebrada el jueves, se negaron a responder a cualquier pregunta sobre la situación actual en Cataluña, y se limitaron a decir que están muy «preocupados por la regresión de los derechos fundamentales» en España. Aseguraron que la asociación ya cuenta con 20 miembros, todos procedentes de Cataluña, aunque esperan que «se sumen otros compañeros del resto del Estado». En sus manifestaciones personales, se muestran mucho más explícitos.

Una de las fundadoras de Ágora Judicial es la magistrada Maria Josep Feliu Morell, que entre 2013 y 2015 ocupó el cargo de secretaria de Relaciones con la Administración de Justicia de la Generalitat, como número 2 del conseller Germà Gordó, ahora imputado por participar en la trama de financiación ilegal del PDeCAT a través de mordidas del 3%.

Firmaron el «manifiesto de los 33»

En la actualidad, Maria Josep Feliu es magistrada de la Sección 22 de la Audiencia Provincial de Barcelona. En una entrevista concedida este fin de semana a un diario regional, afirma que se está produciendo «clarísimamente una persecución judicial» contra los impulsores del proceso de independencia de Cataluña.

Y añade que Oriol Junqueras, Joaquim Forn y los Jordis deberían estar en libertad porque, a su juicio, no han cometido ningún delito: ni rebelión, ni sedición. En una entrevista concedida en 2013, habló aún más claro y defendió el referéndum ilegal de independencia convocado por Artur Mas: «La Generalitat pretende que los ciudadanos se puedan pronunciar sobre su futuro. Es un principio de cualquier democracia».

El portavoz de Ágora Judicial es Xavier González de Rivera, que es titular del Juzgado de lo Social número 3 de Barcelona y profesor de Derecho del Trabajo en la Universitat Pompeu Fabra (UPF). También es apoderado del Colectivo de Asesoramiento y Defensa Jurídica (AiDE) que representa, entre otros, a los trabajadores del comité de empresa de TV3.

En 2014 fue el promotor del manifiesto firmado por 33 jueces catalanes a favor de la independencia. «Se han adherido compañeros que están a favor de la independencia y otros que estarían por un Estado federal», explicó entonces, «el Tribunal Constitucional es un tribunal político. El árbitro está completamente decantado hacia uno de los equipos jugadores».

Rapapolvo del Tribunal Supremo

También forma parte del equipo fundacional de Ágora Judicial Ángeles Vivas Larruy, que fue secretaria de Relaciones con la Administración de Justicia, a las órdenes de la consellera Montserrat Tura (PSC), durante el Tripartito presidido por Montilla.

Ha sido juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y en la actualidad es magistrada de la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona. En 2016 optó a la presidencia de la Audiencia de Barcelona, pero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) descartó su nombramiento porque había sido una de las firmantes del «manifiesto de los 33» a favor de la independencia de Cataluña.

El Tribunal Supremo avaló esta decisión y recordó en su sentencia, dictada el pasado mes de marzo, que sobre los jueces y magistrados pesa un deber de neutralidad política: «Nadie obliga a los jueces y magistrados a expresar públicamente sus opiniones sobre cuestiones socialmente controvertidas, ni menos aún sobre iniciativas políticas de muy dudoso encaje constitucional. Quien voluntariamente baja a la arena política y participa en el debate y la lucha propios de este ámbito, no puede razonablemente esperar que se olvide ese dato». Un pronunciamiento que deberán tener muy presente los impulsores de Ágora Judicial.

El instructor del ‘caso Palau’

Entre los fundadores de la asociación hay otros cuatro firmantes del «manifiesto de los 33» a favor de la independencia: Matilde Aragó Gassiot (magistrada de la Sala de lo Social Tribunal Superior de Justícia de Cataluña y vicepresidenta de l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia), Joan Agustí Maragall (titular del Juzgado de lo Social número 33 de Barcelona), Montserrat Raga Marimon (titular del Juzgado de lo Contencioso número 5 de Barcelona) y Juli Solaz Ponsirenas, magistrado de la Sección 22 de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Juli Solaz participó en la instrucción del caso Palau y se negó a enviar a prisión a Félix Millet, que acaba de ser condenado a nueve años de cárcel tras reconocer que actuaba de recaudador de las comisiones que Ferrovial pagaba al PDeCAT a cambio de la adjudicación de obras públicas. La instrucción del caso Palau se cerró sin que se pudiera mandar al banquillo a ningún político del PDeCAT salvo su tesorero, Daniel Osàcar, que finalmente ha sido condenado a cuatro años de cárcel y una multa de 3,7 millones de euros. El octavo fundador de la asociación independentista Ágora Judicial es Guillem Soler Solé, titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Barcelona.