Investigan a la jefa de la Agencia Catalana de Protección de Datos por permitir el uso del censo el 1-O

La Fiscalía investiga a la directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT), Maria Àngels Barbarà, como autora de un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional. Según las diligencias abiertas, Barbarà ignoró y metió en un cajón al menos 17 denuncias presentadas por particulares sobre el uso ilegal del censo en el referéndum de independencia del 1-O.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) emitió el 29 de septiembre de 2017 un comunicado en el que advertía que quienes participaran en las mesas del referéndum convocado por Puigdemont podrían ser sancionados con hasta 300.000 euros, por manejar ilegalmente el censo electoral.

Tan sólo unas horas después, la Autoridad Catalana de Protección de Datos dirigida por Maria Àngels Barbarà difundió una nota de prensa que eximía de cualquier responsabilidad legal a quienes colaboraran con la celebración del referéndum. En decir, en lugar de cumplir su función de impedir el uso ilegal de los datos de carácter personal, Barbarà animó a los ciudadanos a colaborar con el referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional.

En su declaración ante la Guardia Civil como investigada, Maria Àngels Barbarà ha reconocido que el Constitucional le notificó personalmente la resolución que suspendía el referéndum y le instaba a impedir su celebración.

También ha reconocido que la Agencia Española de Protección de Datos le remitió 17 denuncias, presentadas por particulares que no deseaban que sus datos personales fueran utilizados en el censo del referéndum ilegal. Ante la Guardia Civil, Barbarà restó importancia a estas denuncias porque una había sido presentada por un miembro de Ciudadanos y otra por un vecino de Murcia.

De hecho, Barbarà aseguró ante la Guardia Civil que en ningún momento percibió que existiera entre la población una «preocupación» por el uso ilegal de sus datos personales en el referéndum, sino que sólo existía esta preocupación por parte de un grupo político, en alusión a Ciudadanos, que la interpeló al respeto en el Parlament. A su juicio, esto no era «suficiente para actuar preventivamente».

Lo cierto es que uno de los denunciantes advirtió que el propio presidente Carles Puigdemont estaba difundiendo ilegalmente datos personales, algo que debería haber obligado a la agencia que dirige Maria Àngels Barbarà a actuar de inmediato.

En concreto, una semana antes del referéndum ilegal, Puigdemont publicó en Twitter el enlace a la web www.onvotar.garantiespelreferendum.com, la web habilitada para que todos los catalanes pudieran conocer, a partir de su DNI, en qué mesa les correspondía votar. Por tanto, esta aplicación difundida por el entonces presidente de la Generalitat ya estaba vulnerando la Ley de Protección de Datos, al manejar ilegalmente el censo de electores.

Puigdemont difundió datos personales

El organismo público que dirige Maria Àngels Barbarà no hizo nada al respecto, y metió en un cajón las 17 denuncias presentadas. Para justificar su actuación, Barbarà alegó ante la Guardia Civil que, en enero de 2018 (es decir varios meses después), el Juzgado número 13 de Barcelona le notificó que instruía una causa sobre el uso ilegal del censo en el 1-O y por tanto consideró que debía paralizar la tramitación de esos expedientes.

En realidad, dos de los principales responsables de la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APTCAT), que debían haber impedido el uso ilegal del censo, se quitaron en medio en las semanas previas al referéndum de independencia.

El jefe de la asesoría jurídica de la APTCAT, Santiago Farré Tous, se cogió la baja médica el 4 de septiembre de 2017 y no se reincorporó a su puesto de trabajo hasta un mes después, el 9 de octubre. Por su parte, la directora de la Agencia, Maria Àngels Barbarà, se fue a China el 25 de septiembre para participar en un congreso internacional y regresó el día 29, a tiempo para votar en el referéndum ilegal.