La Guardia Civil investiga si el testigo que iba a desvelar los pagos al ex embajador Morodo fue asesinado

El Grupo de Homicidios de la Guardia Civil investiga si el ciudadano venezolano Juan Carlos Márquez Cabrera, que apareció ahorcado en un edificio de San Sebastián de los Reyes (Madrid) tras declarar como testigo sobre los pagos del régimen chavista al ex embajador español Raúl Morodo, fue en realidad asesinado.

Aunque la autopsia confirmó en un primer momento la tesis del suicidio, algunos datos –como la presencia de manchas de sangre en su ropa– apuntaban a la posible intervención de un tercero.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, está a la espera de recibir el informe definitivo de la Guardia Civil, para esclarecer las causas de la muerte de Márquez.

En una operación ordenada por el juez Pedraz, agentes de la UDEF de la Policía Nacional detuvieron el pasado 20 de mayo a cuatro personas, acusadas de un delito de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales con fondos de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

Los pagos por falsas «asesorías»

Entre los detenidos se encuentra Alejo Morodo –hijo del ex embajador español en Venezuela Raúl Modo durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero– y Carlos Prada, socio del fallecido Juan Carlos Márquez.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Morodo y su hijo cobraron 4,5 millones de euros de la petrolera PDVSA por realizar falsas «asesorías». Los pagos se prolongaron desde 2008 –en cuanto Raúl Morodo abandonó el cargo de embajador en Caracas– hasta 2013, a través de una sociedad radicada en Panamá, Furnival Barristers Corporation, y una cuenta en Suiza.

Durante su declaración ante el juez Santiago Pedral, Raúl Morodo aseguró que todo el dinero hallado en sus cuentas bancarias, procedente de los pagos de PDVSA, se lo prestó su hijo. Parte de estas transferencias  fueron ordenadas por Juan Carlos Márquez, durante su etapa como directivo de la petrolera del régimen de Hugo Chávez.

Gracias a una alerta de la Interpol, Márquez fue detenido en el aeropuerto de Barajas el pasado 18 de julio, cuando llegó a España en un vuelo procedente de Estados Unidos (EEUU). Al ser conducido ante el juez Pedraz para declarar como testigo, se mostró dispuesto a colaborar con la investigación judicial.

Ahorcado con su propio cinturón

Quedó en libertad, con la prohibición de abandonar el país. Sin embargo, tan sólo tres días después, su cuerpo fue hallado sin vida en el interior de un edificio de oficinas de San Sebastián de los Reyes, donde se encuentra la sede de una empresa que gestionaba junto a su socio Carlos Prada (quien también está imputado en la causa judicial).

Fue precisamente Prada quien halló el cadáver, ahorcado con su propio cinturón en el quicio de una puerta. Cerca del cuerpo, la Policía halló una carta en la que Juan Carlos Márquez presuntamente confirmaba su decisión de quitarse la vida.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz está ahora a la espera del informe que elabora el Grupo de Homicidios de la Guardia Civil para determinar si Márquez efectivamente se suicidó –tal como determinó la autopsia– o si se pudo producir la intervención de terceros para darle muerte.