Granados sólo nombró a 1 de los 11 responsables de Arpegio imputados en la trama Púnica

Francisco Granados sólo nombró a 1 de los 11 responsables de la empresa pública, Arpegio, que son investigados en una pieza de la trama Púnica.

Este jueves, el titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha comenzado a tomar declaración como imputados a 10 de estos responsables y a dos de sus esposas. Granados presidió Arpegio entre enero de 2005 y agosto de 2007, sustituyendo en el cargo al entonces consejero de Urbanismo y Medioambiente, Mariano Zabía.

Tras su llegada a la presidencia, Granados mantuvo intacto el consejo de administración y sólo designó como vocal de esta empresa pública encargada de gestionar el suelo de la Comunidad de Madrid a una persona de su confianza, Ignacio Palacios, que además fue jefe de su Gabinete.

Mientras, la práctica totalidad del consejo de Arpegio eran cargos cercanos a Esperanza Aguirre e Ignacio González procedentes de la Consejería de Urbanismo y Medioambiente. Incluyendo al propio Zabía, que años mas tarde se convertía en el presidente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid y en el responsable de todos los consorcios urbanísticos.

Durante los dos años y medio en los que Granados estuvo al frente de Arpegio apenas se adjudicaron obras y no se pusieron en marcha consorcios urbanísticos, ya que no eran de su competencia. De hecho fuentes del caso aclaran que el exdirigente popular «no presidió ninguna mesa de contratación, ni ningún consejo de adjudicación».

Dichos consorcios urbanísticos no pertenecían a Arpegio, sino a la Consejería de Urbanismo y estaban integrados además por los Ayuntamientos. La empresa pública era contratada por los consorcios para realizar planos, obras, informes, pero ni decidía, ni adjudicaba, ya que esta función era competencia de cada consorcio.

Según la investigación, Granados lideraba una trama delictiva en Arpegio con el objetivo de «obtener mordidas a cambio de adjudicaciones de obras», sin embargo, éste no participó en los consorcios, ni formó parte de ningún consejo, ni mesa de contratación. El consejero delegado en esas fechas era Eduardo Larraz, también investigado en la trama Púnica, persona de confianza de Aguirre y González con los que coincidió en el Ayuntamiento de Madrid.

Los vocales eran el entonces director general de Urbanismo, Enrique Porto; la directora general de Medioambiente, Silvia del Saz; el viceconsejero de Urbanismo, Juan Blasco; el viceconsejero de Medioambiente, José Trigueros; el secretario general técnico de la Consejería de Urbanismo y Medioambiente, Alfonso Moreno; el secretario del Consejo, Francisco Esquivias; Nieves Rodríguez y Domingo Menéndez.

Delegó sus funciones en Larraz

En Febrero del 2006, Arpegio empieza a gestionar las obras del Plan Prisma (Plan Regional de Inversiones de Madrid), es decir, los proyectos de la Comunidad de Madrid en los Ayuntamientos. El programa dependía de la Consejería de Presidencia, pero las obras las adjudicaba el consejo de Arpegio donde sólo se encontraba una persona de confianza de Granados.

La mesa de contratación creada para ejecutar el Plan Prisma tenía la competencia de proponer las adjudicaciones teniendo como base los informes técnicos, pero no tenía la potestad de adjudicar. La presidía Eduardo Larraz, después de que Granados delegara en él todas sus funciones el 16 de marzo de 2006. Los vocales eran Ignacio Palacios (hombre de confianza de Granados); Jaime González Taboada, que fue nombrado al inicio de la legislatura director general de Administración Local por Ignacio González y por tanto responsable del Plan Prisma.

González Taboada desempeñó hasta el 2015, cuando fue designado consejero de Medioambiente por Cristina Cifuentes. Según la investigación, sería una persona «clave» en el funcionamiento de Arpegio y fuentes del caso señalan que todavía no ha sido imputado porque es aforado.

Por otro lado, el gerente del Plan Prisma en Arepgio era Miguel Ángel Ruiz, que fue otro fichaje de Ignacio González y que tras ser imputado en esta trama corrupta, dimitía hace pocas semanas como viceconsejero de Medioambiente de la Comunidad de Madrid.

Suiza y los 146 lingotes de oro

Tal y como recoge el sumario de la trama Púnica, los investigadores descubrieron que Eduardo Larraz escondía 146 lingotes de oro en Suiza, valorados en casi dos millones de euros. De hecho, habría sido expulsado en 2008 de otra entidad bancaria del país helvético por no acreditar el origen de 1.653.000 euros.

En los últimos meses, la Audiencia Nacional ha enviado comisiones rogatorias a Panamá, Islas Vírgenes y Suiza para descubrir y bloquear todo el patrimonio oculto de Larraz.  En 2013, ya se descubrió que tenía una empresa en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas.