Investigación

La Fiscalía colombiana cita al nº 2 de González en el Canal por un contrato «ficticio» de 68 millones

El nº 2 de González sobre la corrupción del Canal: “En época de Gallardón es donde realmente hubo”

La Fiscalía Anticorrupción de Colombia ha citado a declarar al que fuera nº 2 de Ignacio González en los negocios del Canal de Isabel II, Edmundo Rodríguez Sobrino, por un supuesto contrato «ficticio» por 237 mil millones de pesos colombianos, que equivaldrían actualmente a unos 68 millones de euros.

Un escrito emitido por el Ministerio Público colombiano, al que ha tenido acceso OKDIARIO, señala que «en cumplimiento de los parámetros establecidos en el antiguo Sistema Penal colombiano, la Fiscalía abrió investigación formal y citó a indagatoria a directivos y exdirectivos de las empresas vinculadas a la operación Acordeón», equivalente al caso Lezo en España que investiga el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional.

Entre los 11 citados por presuntos delitos de «concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito» y «enriquecimiento ilícito de particulares», se encuentra el expresidente de la filial colombiana del Canal Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino. Los 11 investigados deberán presentarse a partir del 4 de abril ante una fiscal Anticorrupción en Bogotá.

Según la Fiscalía Anticorrupción de Colombia, «esta línea de investigación está relacionada con el contrato suscrito el 4 de septiembre de 2000, entre la empresa española Inassa y Triple A, en la que se pactó un pago mensual de 4.5% del recaudo de servicios domiciliarios de alcantarillado, acueducto y aseo, por la prestación de una asistencia en gestión comercial, operativa, administrativa y técnica».

Los fiscales colombianos calculan que en los 17 años de vigencia del contrato, «se habrían pagado 237.836.823.242 pesos colombianos. Adicionalmente, se cree que el contrato no se ejecutó y se presentó una supuesta desviación irregular de los dineros con el fin de beneficiar a terceros, entre ellos las sociedades Canal Extensia S.A. -empresa del Grupo Español Canal Isabel II – y Slasa».

Por estos mismos hechos también han sido citados otros 10 directivos de Triple A e Inassa. El Ministerio Público colombiano señala que el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, determinará los delitos investigados en los casos de corrupción «que han puesto en riesgo los recursos relacionados con la prestación de los servicios públicos y de un bien vital para comunidad: el agua potable».

Redada en la sede de Inassa. Foto: Josefina Villarreal / Heraldo de Barranquilla

El exgerente de Triple A detenido

En el mismo escrito, la Fiscalía Anticorrupción de Colombia afirma que las labores investigativas tendientes a poner al descubierto presuntos hechos de corrupción en el manejo de los recursos de la Empresa de Servicios Públicos Triple A, así como el aparente incremento patrimonial injustificado de los socios en Colombia de la multinacional española Inassa, han permitido la Fiscalía tomar la primeras decisiones contra directivos y exdirectivos de las dos empresas.

En este sentido, el Ministerio Público señala que con la coordinación de un fiscal de la Dirección Anticorrupción, el personal del Cuerpo Técnico de Investigación CTI arrestó en el norte de la ciudad colombiana de Barranquilla a Ramón Navarro Pereira, exgerente de la empresa Triple A, como presunto responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, en concurso heterogéneo con administración desleal y falsedad en documento privado.

Según el material probatorio recopilado, durante los años 2012 y 2015, Navarro Pereira, junto con los entonces representantes de  Inassa y de la firma Recaudos y Tributos, se habrían apropiado de 27.879.761.912, millones de dólares mediante la creación de 54 órdenes de pedido de bienes y servicios que no fueron adquiridos; y 4 contratos de consultoría que pretendían justificar solicitudes de tarifas de acueducto y alcantarillado ante la Comisión Reguladora de Agua Potable (CRA).

La Fiscalía colombiana indica que al parecer, estos gastos se acreditaron como operaciones normales de Triple A, fueron registrados en la contabilidad y en las declaraciones de renta en los años respectivos y, finalmente, se usaron para calcular los dividendos de los accionistas (Inassa S.A., Socios Particulares y Distrito de Barranquilla) y realizar los cobros correspondientes por regalías.

«En las próximas horas, la Fiscalía presentará a Ramón Navarro Pereira ante un juez de garantías para adelantar las audiencias concentradas. En la misma diligencia y por los mismos delitos, imputará cargos contra Julia Margarita Serrano Monsalve, exgerente financiera de Triple A» concluye.

Esta empresa se ha acogido a las subvenciones del Gobierno de España cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para las regiones ultraperiféricas para el transporte de mercancías en Canarias. ”Una manera de hacer Europa”