Los 1.000 folios de la sentencia incluyen la exoneración de Cristina y prisión para Iñaki

La sentencia del caso Nóos que desvelará el futuro judicial de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín verá la luz en apenas unas horas este viernes 17 de febrero de 2017. La Audiencia Provincial de Palma hará pública la sentencia más esperada de la historia de España sobre las 12:00 del mediodía.

En principio, está previsto que se notifique el fallo del tribunal, compuesto por las magistradas Samantha Romero, Eleonor Moyà y Rocío Martín, a través de Lexnet. Esta plataforma de intercambio seguro de documentos es empleado para hacer llegar providencias y todo tipo de escritos judiciales.

Según ha podido saber OKDIARIO, el fallo ocupará cerca de 1.000 folios y las fuentes de la Audiencia consultadas «temen que el tamaño de la sentencia pueda saturar y bloquear el sistema telemático de notificación».

Este jueves no se descartaba que se tuviera citar personalmente a todas las partes para trasladarles la sentencia en mano a través de un pendrive. Este hecho demuestra, según las mismas fuentes la «precariedad del sistema informatizado de la Justicia española».

Los procuradores y algunos abogados se personarán en la propia Audiencia. A los medios de comunicación está previsto que se entregue inicialmente el fallo con las condenas y posteriormente, la sentencia completa. Si la tecnología lo permite, se conocerá a la hora prevista el futuro de los ex duques de Palma.

La Infanta no «entrará» en prisión

Las fuentes judiciales consultadas por este diario recuerdan que el futuro de la Infanta Cristina se dibuja mucho menos oscuro que el de su esposo. «Lo más probable es que en ninguno de los casos pise la cárcel y que como mucho sea condenada por ser partícipe a título lucrativo” del dinero, que obtuvo presuntamente de forma irregular Urdangarin del Instituto Nóos.

Cabe recordar que la fiscalía Anticorrupción, encabezada por Pedro Horrach, acusó a la hermana del Rey por este concepto y ya depositó los 587.413 euros en el juzgado a finales de 2014, tras la venta del famoso Palacete de Pedralbes en Barcelona. Esta cantidad se trataría de la mitad de los fondos que, según Horrach, ingresó de forma ilícita la empresa Aizoon, que compartía al 50% el matrimonio. Por su parte, la Abogacía del Estado le reclamaba 163.462 euros por haberse lucrado por el mismo concepto.

La acusación popular que ejercía la letrada Virginia López Negrete en representación del sindicato Manos Limpias pedía 8 años de cárcel para la infanta como “cooperadora necesaria” de los dos presuntos delitos fiscales de su esposo.

En este contexto, las fuentes judiciales y fiscales del caso consultadas por OKDIARIO apuntaban dos hechos “incontestables”: «La fiscalía no acusa a la Infanta” y “el escrito de la acusación de Manos Limpias no es suficiente para encarcelarla».

La pena de Urdangarin

El retraso en dictar sentencia, cerca de 8 meses, se debe en parte a la pena de prisión a la que será condenado Iñaki Urdangarín.

Las tres magistradas habrían examinado “una a una las facturas falsas del Instituto Nóos”, ya que las acusaciones contra el ex duque de Palma “no estaban tan claras como se pensaba”. Para evaluar la pena, ha jugado un papel clave el montante total defraudado junto a su ex socio Diego Torres.

El fiscal Horrach en sus conclusiones finales solicitaba para Urdangarin 19 años y medio de prisión por supuestos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, falsedad en documento publico y mercantil, fraude a la administración, estafa, dos delitos contra la Hacienda pública y blanqueo de capitales.

“Nadie puede poner en duda el delito de tráfico de influencias. Sin embargo, hay más dudas para acreditar el de prevaricación y el de malversación, que derivaría en los supuestos delitos fiscales o en el blanqueo de capitales”, aseguraban las fuentes consultadas por este diario.

Cabe destacar que sólo el delito de malversación acarrea una pena de entre 4 a 8 años. El delito fiscal puede alcanzar un máximo de 5 años y el de blanqueo hasta 6. Si finalmente, estos delitos no son recogidos en la sentencia, la pena se vería sustancialmente reducida desde los 19 años y medio que reclama Horrach.

Para concretar los presuntos delitos cometidos por Urdangarin, las 3 magistradas se habrían enfrentado a dos cuestiones claves: “El análisis de las facturas falsas de los actos organizados por el Instituto Nóos” y “La Ley de Contrato de la Administración Pública”.

Según la investigación, Urdangarin y Torres crearon una trama empresarial que aparentaba no tener ánimo de lucro y que se habría beneficiado de unos 6 millones de fondos públicos. De esta forma, habrían logrado unos 3,5 millones de las administraciones públicas valencianas, 2,5 millones del Gobierno balear y 114.000 euros en donaciones del Ayuntamiento de Madrid.

Las magistradas habrían concretaado euro por euro y factura a factura “qué cantidad del dinero presentado en las facturas se gastó en realidad” y qué montante se habrían “embolsado de forma fraudulenta” los organizadores a posteriori.

Además, “los informes policiales recogieron como falsos los conceptos y servicios ‘raros y extravagantes’ de los actos”, que en contra de lo que se creía inicialmente, sí se efectuaron”. Según contabilizó la Fiscalía, Torres obtuvo 2,6 millones de beneficios y Urdangarin 1,8 millones.