El Parlamento venezolano declara a Maduro en «abandono del cargo» para forzar elecciones anticipadas

Al final no puedo ser, y el referéndum revocatorio no se convocó en las fechas en las que debía, por las maniobras de la dictadura chavista. Y, todo hay que decirlo, gracias al paréntesis que se abrió durante un par de meses en los que la oposición se vio abocada a un supuesto intento de diálogo con el Gobierno de Nicolás Maduro auspiciado por el Vaticano y los tres ex presidentes enviados por Unasur, encabezados por el español José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora, por fin, la oposición se vuelve a unir en torno a la plataforma de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) y declarará a Maduro en «abandono del cargo» justo la víspera de que se cumpla su cuarto año de mandato.

Y es que ese diálogo no fue tal, sino una estratagema más de dilación que ha permitido llegar a enero de 2017 sin que se cumplan las propias leyes venezolanas, que prevén la convocatoria a las urnas del electorado para revocar la Presidencia si se reúnen las firmas necesarias. Se reunieron las rúbricas, pero todo se paró en medio de la división de los opositores, unos decididos a apostar por la negociación y otros, como Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López –el preso político más famoso del mundo–, empeñada en recordar a los suyos que los estaban engañando.

A pesar de que la oposición venezolana tiene catalogado a Zapatero como «un portavoz de la dictadura», el ex presidente español sigue empeñado en ejercer una labor de mediación. De hecho, el dictador chavista anunció en su programa televisivo de este domingo, ‘En contacto con Maduro’, una nueva visita «en los próximos días» del ex dirigente socialista español al país, «y eso nos dice su compromiso con la mesa de diálogo».

Este lunes, el Parlamento venezolano, que controlaba la oposición con mayoría cualificada desde las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015, pretende abrir con esta declaración de «abandono del cargo» contra Maduro, una puerta a elecciones anticipadas.

Pero sus decisiones son consideradas nulas por la Justicia, y aun así la Asamblea Nacional debatirá, en su sesión prevista para las 14.30 hora local (19.30 hora peninsular española), «sobre el ejercicio constitucional del cargo» de presidente «y la necesidad de abrir una solución electoral a la crisis».

En una interpretación particular del «abandono del cargo», la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) acusa a Maduro de incumplir deberes y hundir al país en una grave crisis, con escasez de alimentos y medicinas, una inflación que es la más alta del mundo y una criminalidad desbordada.

«Hay que presionar al Gobierno para que se den las elecciones», afirmó este lunes el jefe Legislativo, Julio Borges, quien sostiene que Maduro gobierna fuera de la Constitución porque no garantiza los derechos a la alimentación, la salud y la vida.

Según la Ley, si el Parlamento declara «falta absoluta» del gobernante antes de que cumpla su cuarto año de mandato, se convocará a elecciones en 30 días. Después de ese límite, será sustituido por el vicepresidente para completar los dos años restantes del periodo presidencial. Lo mismo que ocurriría si, ahora sí, se convocara el revocatorio y lo perdiera Maduro.

Alistándose para esta nueva etapa de confrontación, Maduro rearmó la semana pasada su Gobierno y nombró vicepresidente a un autodefinido como «chavista radical», Tareck El Aissami, de 42 años, a quien puso al frente de un «comando» contra supuestos planes «golpistas» de la oposición.

«¿Tú estás listo pa’ la guerra?», retó el domingo a Borges el presidente socialista, a quien la MUD intentó sacar del poder en 2016 con un referendo revocatorio, que el poder electoral frenó.

La MUD aspira a un adelanto de las elecciones presidenciales de 2018, aunque el presidente se muestra seguro de gobernar hasta el fin de su mandato en enero de 2019.

Un muro judicial

Analistas independientes advierten, no obstante, del enorme muro con que se puede estrellar la oposición: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que declaró hace cinco meses en «desacato» al Parlamento y nulas todas sus decisiones, en el clímax de un duro choque de poderes.

La justicia –a la que la MUD acusa de servir al chavismo, igual que al poder electoral– lo declaró en desacato por juramentar a tres diputados cuya elección fue suspendida por supuesto fraude. Aunque en noviembre se separaron de la Asamblea voluntariamente, el TSJ exige que ello sea formalmente votado en plenaria legislativo.

Borges afirmó el domingo que la oposición podría «dar el paso de desvincular» a los diputados «para destrabar el camino», pero eso no está en la agenda de este lunes.

Para el constitucionalista José Ignacio Hernández el hecho de que el TSJ desconozca al Legislativo «bastaría para anular la declaratoria de abandono». Si eso no se soluciona, «ninguna decisión jurídica de la Asamblea permitirá realizar elecciones», advirtió.

«Para ser efectiva [la declaración de «abandono del cargo»] debe venir acompañada del nombramiento de un TSJ que no esté al servicio del Ejecutivo. Y habrá que ver si viene con una estrategia de calle que busque escalar la protesta», afirmó a la AFP Diego Moya-Ocampos, analista del IHS Markit Country Risk (Londres).

En diciembre, la mayoría parlamentaria declaró la «responsabilidad política» del presidente en la crisis, con el fin de abrirle un juicio político. Pero esta figura no está en la Constitución y de todas formas el TSJ también anuló esa decisión.