Melilla califica el cierre de la aduana de «acto hostil e inamistoso» de Marruecos
El Gobierno de Melilla, presidido por Juan José Imbroda (PP), ha aprobado este martes en un Consejo de Gobierno Extraordinario una declaración institucional en la que denuncia la decisión unilateral de Marruecos de cerrar la aduana comercial con Melilla.
Según la declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, desde el pasado 1 de agosto las autoridades marroquíes han decretado «de manera imprevista y unilateral, sólo anunciada pocos días antes, el cierre de la aduana comercial del puesto fronterizo internacional de Beni Enzar», impidiendo el despacho aduanero de expediciones comerciales, normalmente en contenedores de mercancías, restringiendo el tránsito de los mismos a los desembarcados directamente en el puerto de Nador.
El primer e inmediato efecto ha sido el bloqueo de varios vehículos con los correspondientes contenedores y mercancías en la parte marroquí del citado puesto fronterizo, «varios días retenidos de manera absolutamente arbitraria por parte de las autoridades marroquíes», se ha criticado en la declaración institucional.
En este sentido, ha señalado que la medida, sin que al gobierno de la ciudad le conste información alguna al respecto, «supone un quebrantamiento de la letra y el espíritu de los diversos convenios de colaboración suscritos entre los reinos de España y Marruecos, sobre todo abiertamente contrario al Tratado de Amistad, Vecindad y Cooperación del año 1991».
Acto hostil
En la declaración institucional, el gobierno de la ciudad de Melilla lo considera «un acto hostil, frontalmente opuesto a los acuerdos hispano marroquíes que desde los años 50 del siglo XX reconocen por parte de ambos países el carácter comercial del puesto fronterizo de Beni Enzar». «Así ha venido manteniéndose», han añadido, «en los últimos 60 años, con el lógico beneficio para España y Marruecos de un intercambio comercial absolutamente normalizado y regulado».
En el documento aprobado en Consejo de Gobierno indican que «respetamos el derecho de un país soberano como Marruecos a adoptar todas las decisiones que estime oportunas para favorecer el desarrollo económico y social de sus regiones y habitantes, pero ello no puede, no debe, hacerse a costa de actuaciones como éstas, que implican un gesto absolutamente inamistoso hacia España y hacia Melilla».
De este modo, aseguran que habría sido perfectamente compatible ese deseo, ese derecho, de Marruecos a desarrollar su economía, con el mantenimiento de la citada aduana comercial.
Razones ocultas
«No queremos pensar que hayan primado otros intereses a la hora de adoptar esta decisión, más bien encaminados a dañar económica y socialmente a Melilla y su ciudadanía o a poner en cuestión la soberanía española en nuestra Ciudad» han subrayado desde la declaración.
Asimismo han asegurado que «son muchos los beneficios que ambas partes, Marruecos y España, obtienen de los intensos intercambios fronterizos, humanos y comerciales que a diario se producen».
Miles de marroquíes en Melilla
La declaración institucional de la Ciudad Autónoma ha recordado que son «miles de ciudadanos marroquíes atraviesan diariamente la frontera [más de 20.000] para realizar actividades comerciales en Melilla y son más de 14.000 los inmigrantes marroquíes que residen en la ciudad, además del millar de menores no acompañados tutelados por la administración local».
Del mismo modo, han añadido que en este histórico clima de colaboración mutua son miles los permisos transfronterizos otorgados a ciudadanos marroquíes que cada día desempeñan su labor profesional en Melilla, en sectores tan dispares como el empleo en el hogar, la construcción, el comercio o la hostelería.
Además, han destacado que Melilla, igualmente, ha atendido y atiende a miles de marroquíes cada año en sus centros hospitalarios, en un principio de indudable solidaridad, que se extiende a otras prestaciones esenciales, tales como la educación —más de 1.000 marroquíes escolarizados en centros de la ciudad— o los servicios sociales, equiparable a la leal colaboración para dispensar atenciones a los miles de marroquíes que cada año cruzan el territorio en su regreso a Marruecos en la denominada Operación Paso del Estrecho.
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