El fiscal Garland tiene en sus manos el futuro político de Biden tras el escándalo de los documentos secretos

El fiscal general de EEUU, Merrick Garland, se ha convertido en estos momentos en una persona clave para decidir no sólo el futuro del presidente, Joe Biden, y de su predecesor, Donald Trump, sino también el de las propias elecciones presidenciales de 2024. La semana pasada nombró a Robert Hur, ex fiscal federal, como fiscal especial para investigar el escándalo de los papeles secretos de Biden hallados fuera de custodia federal en su anterior oficina de Washington, en el garaje de su casa y en un despacho que tiene en la misma.

Este escándalo, unido a la falta de ‘halo presidencial’ de Biden, al cual le cuesta conectar con el electorado de la forma que han hecho otros candidatos presidenciales, más los pronósticos de una recesión en Estados Unidos, le convierten en un candidato fácil a batir por los republicanos en la carrera a la Casa Blanca en 2024.

«Este nombramiento representa el compromiso del departamento tanto con la independencia como con la responsabilidad en asuntos particularmente delicados, y con la toma de decisiones guiadas indiscutiblemente solo por los hechos y la ley», aseguró Garland ante la prensa. Horas después, su recién nombrado fiscal especial manifestó: «Tengo la intención de seguir los hechos de manera rápida y exhaustiva, sin temor ni favoritismo, y honraré la confianza depositada en mí para realizar este servicio».

Si Merrick Garland, quien en su nombramiento en 2016 aseguró no tener un solo ‘hueso político’ en su cuerpo, lleva irritando desde hace meses a los republicanos, especialmente tras el registro policial de la casa de Trump, ahora son los demócratas a quienes le ha caído como una losa la decisión del fiscal general de investigar el comportamiento de Biden con el manejo de la información clasificada.

Los mismos medios de comunicación alineados a la izquierda estadounidense, caso del The Washington Post, que se referían a Garland como hombre «hipermetódico» y «prudente», son incapaces de justificar ahora el comportamiento de Garland con el nombramiento de un fiscal especial. A ello hay que sumar la decisión que tendrá que tomar el fiscal general de EEUU en los próximos meses sobre las supuestas prácticas delictivas de Hunter Biden, hijo del presidente, y para quién podría nombrar otro fiscal especial antes de sentarlo en el banquillo.

Mazazo para los demócratas

El caso de los papeles del presidente ha supuesto un mazazo para las filas demócratas, acostumbrados a dar lecciones de ejemplaridad y comportamiento a los republicanos, y porque ha puesto en la picota al propio presidente hasta el punto de estar bajo investigación por hechos similares que Trump y por una supuesta infracción de la ley que podría costarle su carrera a la Casa Blanca. Por lo pronto, el anuncio de su candidatura ha sido aplazado tras la tormenta política de la semana pasada y no hay aún fecha prevista. Incluso hay analistas políticos que ven ‘fuego amigo’ del Partido Demócrata por parte de aquellos que no quieren que se postule a la reelección.

Al principio, desde las filas demócratas y desde la Casa Blanca se dijo que sólo se hallaron 10 documentos con el fin de marcar distancias con los 100 que habrían sido encontrados en la residencia de Florida de Trump. Sin embargo, conforme han pasado los días, y han ido apareciendo nuevos papeles secretos, los papeles de Biden se han multiplicado por tres y se habla de una treintena de documentación clasificada que se encontraba en lugares inapropiados.

Además, mientras que en el caso de Biden, aseguran sus portavoces, que fue su propio equipo quien lo puso en conocimiento de la Justicia, denuncian que a Trump se le presentó el FBI en su casa tras haber ignorado supuestamente las demandas de devolución de material sensible y secreto por parte de la Administración Nacional de Archivos y Registros de los Estados Unidos. Lo llamativo es que si durante más de año y medio Trump había sido reclamado por Archivos Nacionales, cómo es posible que no se hubiera seguido ese mismo proceder con Biden, que mantuvo en su posesión durante cinco años documentos secretos.