Los españoles que tendrían que ir a luchar si estallara la III Guerra Mundial: reclutamiento de ciudadanos

La escalada de los conflictos armados en el mundo ha sufrido un ascenso importante en los últimos años. La guerra de Ucrania ha pasado ya la barrera de los cuatro años mientras las tensiones en Oriente Medio no paran de crecer involucrando a más países. A pesar de que la participación de España en una guerra parece lejana, podría ocurrir en cualquier momento. En ese caso es inevitable que surjan dudas como saber quién debería acudir a la llamada a filas del ejército.

El artículo 30 de la Constitución recoge que todos los españoles tienen el derecho y el deber de defender España en caso de guerra. Aunque, en caso de conflicto, esto llevaría un orden establecido. El primero en responder sería el ejército español. Sus más de 100.000 efectivos divididos entre tierra, mar y aire tendrían la obligación de movilizarse hacia el frente. En caso de que el aumento en las tensiones superase la capacidad de reclutamiento del ejército español, como en el caso de una hipotética III Guerra Mundial, la Constitución recoge un protocolo para ampliar el número de reclutas disponibles.

¿Qué civiles acudirían?

Los primeros civiles en acudir serían los reservistas voluntarios y los reservistas de especial disponibilidad. Éstos últimos son aquellos militares que finalizaron su compromiso de larga duración y se encuentran disponibles hasta los 65 años en caso de emergencia nacional. Los reservistas voluntarios en cambio son ciudadanos que compaginan su vocación militar con su vida y oficio civil, han jurado defender a España en caso de emergencia y acudirán al frente si se les requiere.

Si la situación fuera tan crítica que aún con los reservistas las tropas no fueran suficientes, el Gobierno podría proponer al Congreso de los Diputados que acudan civiles. Si es aprobado, civiles entre 19 y 25 años recibirían un cuestionario sobre su salud física y mental antes de recibir formación militar. A pesar de ser un requisito obligatorio una vez lo apruebe el Congreso, aquellos civiles que no quieran formar parte de la milicia se podrán acoger a la objeción de conciencia, una opción contemplada por la ley, en la que aquellos que no deseen portar armas bien por razones éticas o religiosas pueden oponerse a ello.