La Constituyente de Venezuela propone cambiar cárcel por trabajos comunitarios a 80 presos políticos

La Comisión para la Verdad, la Paz y la Tranquilidad Pública de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela —el engendro ilegítimo que inventó el tirano Nicolás Maduro para arrebatarle los poderes al Parlamento, controlado por la oposición democrática— ha presentado este sábado un informe en el que recomienda la excarcelación de 80 presos relacionados con lo que califican de  «la violencia política desde 2014».

La situación de los políticos encarcelados se aborda en las negociaciones entre el Gobierno y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en República Dominicana para resolver la crisis política y económica del país, y cuya tercera ronda será el 11 y 12 de enero.

Así, esta decisión se interpreta como un intento por parte del régimen chavista de dulcificar posiciones y seguir abriendo brecha entre los opositores, últimamente divididos entre quienes son partidarios delas conversaciones y quienes —como el alcalde legítimo de Caracas, Antonio Ledezma— abogan por una ruptura total con el madurismo.

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 268 presos políticos, lo que el régimen niega, pues asegura que se trata de detenidos por acciones de violencia, conspiración o traición.

La presidenta de la ANC y de la propia Comisión, Delcy Rodríguez —ex ministra de Exteriores chavista—, ha presentado el informe, que pide la modificación de las penas de cárcel por labores de «trabajo comunitario». «Está contemplado el trabajo comunitario con fórmulas de compensaciones para la víctima enmarcado en el derecho a la dignidad que tiene todo ciudadano», ha señalado Rodríguez, según recoge la prensa venezolana.

Quienes resulten beneficiados deberán presentarse ante la Comisión en los próximos días «como un sentido pedagógico, de la cultura de paz y tolerancia», ha indicado. «Esperamos que en las próximas horas esto se haga efectivo», ha subrayado Rodríguez en rueda de prensa.

El informe es el presunto resultado de cuatro meses de trabajos, entrevistas e investigaciones sobre las personas acusadas con el objetivo final de «contribuir con la Justicia, reconocimiento de las víctimas y reconciliación nacional», ha explicado Rodríguez.

«Que se entienda definitivamente que los hechos promovidos por la oposición venezolana extremista y que causaron la muerte de venezolanos no vuelvan a repetirse», ha apuntado Rodríguez.

El informe ha sido ya remitido al gobernante, Nicolás Maduro, y a las instituciones judiciales. «Ningún poder local o foráneo extraviará la paz que hemos construido en Venezuela», ha apostillado.