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Tribunales

Martiño Ramos, ex dirigente de En Marea, huye tras ser condenado a 13 años por violar a una menor

El docente de Orense está en busca y captura desde septiembre tras una condena que cita el "sadismo" de sus prácticas

Martiño Ramos Soto, profesor de música de un colegio público de Orense y conocido militante de En Marea y Orense en Común –formaciones de izquierda apoyadas por Yolanda Díaz ya desparecidas–, permanece en paradero desconocido desde que el Tribunal Supremo ratificara su condena a 13 años de prisión por violar reiteradamente a una alumna menor de edad. La orden de busca y captura se ha dictado el pasado 15 de septiembre, pero el docente ya se había fugado antes de que las autoridades pudieran ejecutar la sentencia.

El caso ha conmocionado a la ciudad gallega, donde Ramos Soto, de 50 años, era una figura reconocida tanto en el ámbito educativo como en los círculos políticos y culturales. Su activismo en movimientos feministas y su compromiso con la escuela pública contrastaban con la realidad que se ha destapado tras la investigación judicial.

Las agresiones comenzaron en 2019, cuando la víctima cursaba 6º de Primaria y tenía apenas 12 años. El profesor se aprovechó de la vulnerabilidad de la menor, que atravesaba problemas tanto en casa como en la escuela. Ramos Soto la contactó inicialmente a través de Instagram, haciéndose pasar por otro menor.

«Se presentaba inicialmente como una figura de apoyo, para después ya pretender que las menores le enviasen fotografías o videos de ellas desnudas o en prácticas sexuales», dictaminó la justicia en su resolución. El docente utilizó un perfil falso para ganarse la confianza de la estudiante, presentándose como apoyo emocional ante sus dificultades personales.

Profesor condenado huido

El modus operandi del condenado siguió un patrón calculado. Tras semanas de conversaciones por redes sociales, citó a la menor en el aula de música del centro educativo para revelarle su verdadera identidad. Según consta en la sentencia, «la menor quedó en estado de shock; el acusado la abrazó y le dijo que la quería mucho, que la apoyaba, la sentó sobre sus piernas y la besó en la boca».

A partir de ese momento, los abusos se repitieron por lo menos en 10 ocasiones. Las agresiones tuvieron lugar tanto dentro del colegio —en baños y aulas— como fuera del centro educativo. El profesor ocultaba a la menor en el maletero de su coche para trasladarla a lugares apartados donde consumaba las violaciones.

La sentencia describe episodios de extrema violencia. En uno de ellos, Ramos Soto llevó a la víctima a un paraje aislado, la desnudó y le propinó «fuertes puñetazos en el pecho, culo y costillas», mientras ella «imploraba llorando que parase», tras lo cual «la abandonó postrada» en medio del monte sin preocuparse por su estado.

El tribunal consideró probadas las «prácticas sádicas» del condenado, que incluían «bofetadas y azotes» durante las agresiones. La menor sufría tocamientos y penetración con los dedos en el baño de chicas del colegio, en un centro donde Ramos Soto había sido su profesor de música desde Infantil.

El calvario se prolongó hasta que la joven cumplió 16 años. Durante todo ese tiempo, el profesor continuó ejerciendo su labor docente con absoluta normalidad. La víctima denunció los hechos en 2021, desencadenando una investigación que destapó un caso que ha evidenciado múltiples fallos del sistema.

Cuando la menor se atrevió a denunciar, se encontró con un muro de incredulidad. «Eran imaginaciones suyas», le dijeron trabajadoras del centro educativo como la orientadora y otras profesoras en una reunión. La confianza plena en la inocencia de Ramos Soto, quien contaba con «mucho reconocimiento social en la ciudad», hizo que no creyeran a la víctima inicialmente, según asegura una ex compañera de militancia del condenado.

Sin embargo, tal como recoge la sentencia del Supremo consultada por OKDIARIO, su relato fue corroborado por otras alumnas del centro. La investigación judicial demostró que el profesor había contactado con más estudiantes del colegio siguiendo el mismo patrón: perfiles falsos en Instagram, presentarse como figura de apoyo y posteriormente solicitar material de contenido sexual.

Pederasta sin prisión preventiva

Lo más desconcertante del caso ha sido la benevolencia con la que el sistema ha tratado a Ramos Soto. Durante los cuatro años que duró el proceso judicial, la Fiscalía no ha pedido su ingreso en prisión provisional. Tampoco se le ha impuesto la obligación de fichar en el juzgado ni ninguna otra medida cautelar.

Esta inacción administrativa le ha permitido continuar dando clase incluso después de la denuncia. Cuando la condena quedó firme en julio de 2025, tras ser ratificada por el Tribunal Supremo, la policía acudió a buscarlo para trasladarlo a prisión. No encontraron a nadie.

El Tribunal Supremo ratificó la sentencia de la Audiencia de Orense, confirmada previamente en febrero por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. La condena incluye 13 años y medio de cárcel por los delitos de captación online de pornografía infantil y abusos continuados hacia la víctima.

Además, se le han impuesto 8 años de libertad vigilada y 21 años y medio de inhabilitación para ejercer cualquier profesión que conlleve contacto con menores de edad. La resolución también ha obligado a Ramos Soto a indemnizar a la familia de la niña con 30.000 euros.

Martiño Ramos Soto era una figura conocida en Orense. Profesor interino, alternaba su labor educativa con el activismo político. Militó en Izquierda Unida y llegó a formar parte del comité electoral de En Marea, la coalición formada por Anova, Podemos Galicia y Esquerda Unida.

Su imagen de compromiso social incluía la participación en actos feministas y la defensa de la escuela pública. Esta fachada de probidad se ha resquebrajado completamente tras conocerse los detalles de las agresiones. En los círculos progresistas de Orense, la noticia ha causado enorme sorpresa.

El profesor tiene una hija adolescente y que llevaba años separado de su pareja. Su entorno más próximo asegura desconocer su paradero actual, mientras la Justicia mantiene activa la orden de detención.

Las secuelas para la víctima han sido devastadoras. La joven ha denunciado secuelas psíquicas graves, incluyendo autolesiones y un ingreso hospitalario por problemas psiquiátricos. Su situación emocional empeoró con el tiempo hasta requerir supervisión constante por riesgo de suicidio.

La menor ha requerido atención médica reiterada, según consta en la investigación judicial. Actualmente tiene 20 años y arrastra las consecuencias de un trauma que se prolongó durante años ante la indolencia del sistema educativo y judicial.

Mientras la condena sea papel mojado, Orense vive con el desasosiego de saber que un pederasta condenado en firme camina libre por ahí. La orden de detención y el mandato de ingreso en prisión quedan pendientes de ejecución hasta que las autoridades logren localizar a Ramos Soto. La ciudad espera verlo responder ante la Justicia y que se ponga fin a esta oprobiosa situación que ha dejado al descubierto los fallos de un sistema que permitió que un depredador continuara ejerciendo varios años.