Zapatero deberá pagar casi 600.000 € para evitar la cárcel por las joyas tasadas en 1,3 millones

José Luis Rodríguez Zapatero se enfrenta a una encrucijada fiscal sin precedentes: pagar en torno a 600.000 euros de forma inmediata mediante una declaración complementaria del IRPF, o arriesgarse a una condena de hasta seis años de prisión por un presunto delito contra la Hacienda Pública.

La tasación judicial encargada por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha valorado en 1.300.000 euros las 103 joyas, relojes y pulseras incautadas el pasado 19 de mayo en la caja fuerte del despacho del ex presidente en la madrileña calle Ferraz, una cifra que supera en más de un millón de euros la estimación que su entorno había ofrecido públicamente.

La joyería Ansorena, fundada en 1845 y referente del sector en España, ha completado la pericial con el apoyo del Instituto Gemológico Español. Su dictamen es demoledor para los intereses del ex jefe del Ejecutivo: el valor real de las piezas multiplica por más de 25 la horquilla de «entre 30.000 y 50.000 euros» que los colaboradores de Zapatero habían manejado tras conocerse las incautaciones.

Delito fiscal agravado

Los expertos tributarios consultados por OKDIARIO explican que, aplicando el tipo marginal del IRPF del 47% sobre ese patrimonio no declarado, la cuota que habría dejado de ingresarse en Hacienda se situaría del orden de 600.000 euros, el umbral exacto que activa el tipo agravado del delito contra la Hacienda Pública recogido en el artículo 305 bis del Código Penal. Dicho precepto fija una pena de prisión de dos a seis años y una multa de entre el doble y el séxtuplo de la cantidad defraudada.

La vía para esquivar esa acusación existe, pero es costosa y urgente. «Lo lógico es que lo declare como un incremento de patrimonio no justificado en una complementaria», señalan esas mismas fuentes.

El ex presidente «tendría que ir corriendo a abonar ahora los 600.000 euros para evitar el delito fiscal». A esa cuota habría que añadir un recargo del 15% sobre el importe, más los correspondientes intereses de demora.

El tiempo apremia además por otra razón de naturaleza procedimental: «Lo normal sería que Hacienda abra una inspección y allí tendría delito fiscal», advierten los fiscalistas. Si Zapatero se diera ya por notificado de esa inspección, la declaración complementaria dejaría de ser válida como vía de regularización.

Existe también otra posibilidad. Los expertos barajan la posibilidad de alegar prescripción, esto es, que las joyas llevan más de cinco años en poder del ex presidente, lo que podría extinguir la responsabilidad penal. Sin embargo, reconocen que esa línea argumental «sería difícil de acreditar».

Otra hipótesis que circula en los círculos jurídicos es que las piezas procedan de una donación, lo que se declara ante la Comunidad de Madrid y la consejería de Hacienda que lidera Rocío Albert (PP). Pero esa alternativa tropieza con un obstáculo casi insalvable: «Tendría que declarar el donante, lo cual es difícil si es un amigo de Zapatero de un régimen poco recomendable».

Los investigadores tampoco descartan un tercer frente: si alguna de las piezas fue recibida durante el ejercicio del cargo —Zapatero presidió el Gobierno en dos legislaturas consecutivas, entre 2004 y 2011—, la normativa sobre obligaciones patrimoniales de los altos cargos habría exigido su cesión a Patrimonio Nacional. «Si lo recibió siendo presidente, debería haberlo donado a Patrimonio Nacional», subrayan los expertos.

Cuentas bloqueadas

La situación judicial del ex presidente se ha agravado en paralelo. El juez Calama ha bloqueado un total de 19 cuentas bancarias vinculadas a la causa, seis de ellas a nombre del propio Zapatero —en dos de las cuales comparte titularidad con su esposa, Sonsoles Espinosa—.

En la cuenta principal, que registró ingresos de 1.525.078,04 euros procedentes de la sociedad Análisis Relevante, propiedad del empresario Julio Martínez Martínez.

El magistrado ha ordenado el bloqueo de los 490.780 euros de Zapatero al considerar que esos fondos son «susceptibles de constituir los delitos de tráfico de influencias y blanqueo» que se investigan.

El bloqueo alcanza también a trece cuentas de empresas del entramado, entre ellas Whathefav, la agencia de comunicación de las hijas del ex presidente, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, que habría percibido 1.024.362,51 euros.

La UDEF ha detectado además que Inteligencia Prospectiva, otra de las sociedades investigadas, no existe físicamente: su supuesta sede en Madrid corresponde a una vivienda residencial.

La versión oficial que ha mantenido el entorno del ex presidente socialista atribuye el origen de las joyas a diversas fuentes: herencias de la madre de Zapatero y de una tía, piezas de la familia de su esposa, y regalos de viajes.

Fue la propia secretaria del ex presidente, Gertrudis Alcázar —presente durante el registro del 19 de mayo—, quien reveló la existencia de la caja fuerte y apuntó que algunas piezas eran «herencia de doña Sonsoles y otras procedían de regalos de viajes».

El caso acumula ya cuatro líneas de imputación simultáneas: posible delito fiscal, falsedad documental, organización criminal y tráfico de influencias. Zapatero tiene ahora ante sí una aritmética tan precisa como implacable: regularizar y pagar cerca de 600.000 euros antes de que Hacienda le notifique formalmente, o afrontar otro delito de cárcel. Los relojes incautados en Ferraz se han detenido; el contador fiscal, no.