Yolanda Díaz contrata sanidad privada para sus funcionarios mientras exige el fin de Muface para el resto

Yolanda Díaz ha contratado revisiones médicas periódicas para los funcionarios de su ministerio. Concretamente, Trabajo desembolsará 108.000 euros para ofrecer a sus empleados públicos y funcionarios de las Consejerías en el exterior reconocimientos médicos y consultas de ginecología y urología. Pese a recurrir a la sanidad privada para los empleados de su ministerio, el partido de Díaz ha presentado una proposición no de ley en la que propone integrar a los funcionarios beneficiarios de la asistencia sanitaria de Muface en el Sistema Nacional de Salud.

Trabajo ofrecerá reconocimientos médicos y pruebas especializadas a los empleados públicos que trabajan en los servicios centrales (742 personas) y al personal funcionario de las consejerías en el exterior (99 personas), aunque estima que el número de trabajadores que estarán interesados a estas pruebas es de 560 funcionarios.

Concretamente, el ministerio encabezado por Yolanda Díaz ofrece revisiones médicas generales, pero también pruebas especializadas como analíticas de sangre, orina y heces y revisiones ginecológicas y urológicas, así como mamografías y ecografías prostáticas.

El contrato, por el que el Ministerio de Trabajo desembolsará 107.920 euros, comenzará en abril y tendrá una duración de nueve meses, es decir, hasta fin de año. Así, los funcionarios de Yolanda Díaz podrán solicitar este tipo de pruebas a una empresa privada, sin la necesidad de esperar los tres meses que de media se tarda en conseguir una primera consulta con un especialista en la sanidad pública.

Fin de Muface

Así, mientras Yolanda Díaz recurre a la sanidad privada para sus trabajadores, su partido exige que los funcionarios se integren en el sistema público de salud. Sumar ha presentado una proposición no de ley en la que propone integrar a los empleados públicos beneficiarios de la asistencia sanitaria de Muface en el Sistema Nacional de Salud. En la propuesta se fijan los términos para que se produzca un trasvase equilibrado y progresivo, que iría además acompañado de una transferencia de financiación.

En concreto, la proposición no de ley plantea crear una comisión de trabajo interministerial, liderada por el Ministerio de Sanidad, que incluya a las comunidades autónomas, con el objetivo de establecer un proceso de transición de beneficiarios del sistema de aseguradoras privadas al sistema público. Dicho proceso, que comenzaría con los mutualistas incluidos en Muface, se llevaría a cabo mediante un sistema de transición adecuado y que incorporaría las prórrogas extraordinarias que fueran necesarias para la continuidad de los pacientes y transferencia desde el modelo de aseguradoras y sistema público.

Se tendrían en cuenta, añade, aquellas situaciones especiales como las de los trabajadores en el extranjero en situaciones donde no exista un sistema nacional de salud ni acuerdos bilaterales. Además de esta transición más acelerada de los colectivos pertenecientes a Muface, se iniciaría también un proceso para la incorporación progresiva de los incluidos en Isfas y Mugeju.

La financiación de la asistencia sanitaria a aseguradoras privadas se transferiría plenamente al sistema público y de forma finalista y proporcional a las diferentes comunidades autónomas, teniendo en cuenta los criterios demográficos y perfiles de morbilidad de la población que transita de un modelo a otro. Esta financiación será destinada a reforzar los sistemas de atención primaria y comunitaria con los recursos humanos y materiales que fueran necesarios.

El futuro de Muface, en el aire

El Gobierno ha ampliado el plazo para la presentación a la licitación de Muface en otras dos semanas, por miedo a que las aseguradoras no se presenten y, sobre todo, que Asisa o Allianz -que se ha sumado en el último momento- no tengan tiempo de reacción para hacer una oferta tras negociar con el Ejecutivo. Según informaba el ministerio que dirige Óscar López, «se considera necesario para el interés público y en aras de favorecer la concurrencia, ampliar el plazo de presentación de las ofertas, a fin de que los posibles licitadores interesados puedan elaborar la documentación para presentarse a esta licitación».

El Gobierno retrasa de esta manera el plazo para ofertar por los próximos años de cobertura en Muface. Vencía el 15 de enero, y ahora lo hará el 27 del mismo mes. En todo caso, y pese a la ampliación concedida, ni Adeslas ni DKV acudirán a la licitación, lo que ha dejado a Asisa como la única que está estudiando aún el nuevo contrato. De hecho, la intención del Ejecutivo es, precisamente, ampliar el plazo para alargar las negociaciones con Asisa.