Vox avisa: «Seguiremos trabajando para detener a Sánchez de forma definitiva»

El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido aceptar las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP en su recurso de amparo. La decisión implica que el Senado no podrá votar el jueves las dos enmiendas impulsadas por el PSOE para reformar el Código Penal, abolir la sedición y rebajar la malversación, y, de paso, reformar el sistema de elección del Tribunal Constitucional. Desde Vox, han reaccionado al anuncio del Órgano de Garantías asegurando que Pedro Sánchez «es capaz de desoír» el mandato vinculante de la institución y forzar la votación en el Senado prevista para este jueves.

«La decisión del Tribunal Constitucional debería detener, de momento, el asalto de Sánchez. Pero no hay nada ganado, porque sigue con su plan de perpetuarse. Es capaz de desoír al Tribunal», ha valorado Vox en boca de su presidente, Santiago Abascal. «Seguiremos trabajando para detenerlo de forma definitiva: moción y más acciones judiciales», ha insistido. En caso de que el Gobierno desoiga el mandato del Tribunal de Garantías y fuerce la votación prevista para este jueves en el Senado, la Presidencia y la Mesa de la Cámara Alta se declararían en rebeldía.

En un segundo mensaje, Abascal se ha referido al mensaje institucional de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en la que calificó de «insólita» la decisión del Constitucional, pero anunció que la acataría. «La señora Batet hace ahora como que defiende el poder legislativo. Es la única presidente del Congreso que ha cerrado el parlamento vulnerando la Constitución. Debería haber dimitido hace tiempo», ha señalado Abascal.

«Acatar y cumplir»

Por otra parte, el vicepresidente primero de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha hecho mención en sus redes sociales a la decisión del Constitucional y a la declaración institucional anunciada por el presidente del Senado, Ander Gil. Buxadé le recuerda a Gil que la ley estipula que «las partes están obligadas a cumplir las sentencias en la forma y términos que en éstas se consignen» y que «todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar la colaboración requerida para la debida y completa ejecución de lo resuelto».

Además, le recuerda que «serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento». Insiste Buxadé que el Senado, «en consecuencia, lo que tiene que hacer es acatar, ejecutar, cumplir» la disposición del Constitucional.

Veto

Este mismo lunes, Vox abrió otro frente en esta batalla por frenar el asalto de Sánchez al Constitucional, registrando un veto a la llamada Proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso, que se debatirá en el Pleno que se celebra esta semana en el Senado.

El veto de la formación que preside Santiago Abascal va dirigido a las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley Orgánico con las que el Ejecutivo pretende modificar esta designación de los magistrados integrantes del Tribunal Constitucional (TC), así como a las competencias que para tal designación la Constitución atribuye al máximo órgano de gobierno de la Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según entiende Vox, las modificaciones propuestas «son manifiestamente inconstitucionales, por infringir el artículo 159.3 CE, que dispone que la renovación del Tribunal Constitucional se realizará por terceras partes».

«Puesto que los cuatro que ahora deben renovarse deben ser designados por Gobierno y CGPJ, tales nombramientos deben realizarse por ambos órganos simultáneamente, y no unilateralmente por ninguno de ellos, ya que entonces sería una renovación de una sexta parte», explican los senadores de Vox, quienes denuncian que «nos hallamos ante uno de los atropellos más inadmisibles de los anales del parlamentarismo español».