Urdangarin cobró al Villarreal 700.000 € por un informe de 12 folios copiado de internet

No sólo organismos públicos decidieron dar dinero a Iñaki Urdangarin por estudios, informes, patrocinios e intermediaciones del Instituto Nóos. El Villarreal CF pagó 690.000 euros al cuñado del Rey por un informe de 11 folios, un corta y pega sacado de internet, según consta en el sumario del caso Palma Arena.

Urdangarin y su socio Diego Torres llegaron a cobrar unos 20 millones de euros, entre organismos públicos y empresas privadas, muchos de los cuáles eran simplemente por tareas de asesoría, incluso de la organización de eventos que nunca se llegaron a celebrar.

Una de las ‘víctimas’ del Instituto Nóos fue el Villarreal CF. La entidad presidida por Fernando Roig pagó casi 700.000 euros al marido de la infanta Cristina por un informe. Once folios sobre patrocinios deportivos y publicidad en los estadios que, para más inri, el socio de Urdangarin, Diego Torres, no se molestó en elaborar. Copió y pegó el contenido de diferentes fuentes que se pueden encontrar en la red.

Pero el Villarreal no fue la única entidad que contrató los servicios de Nóos, bajo la influencia que tanto Urdangarin como la infanta Cristina vendían con la Casa Real. Otras entidades como el BBVA también dieron dinero a Urdangarin y su socio. En el caso del banco, una de las entidades más importantes del Ibex 35, el director general de Comunicación, Javier Ayuso, dio 116.000 euros a Nóos para que elaborara un informe sobre patrocinios deportivos del banco bajo el título: «Informe global sobre la estrategia de patrocinios de Grupo BBVA».

Ayuso firmó un acuerdo de cuatro páginas con Nóos en el que se omitieron los nombres de Urdangarin y ni de Torres «por el qué dirán». Este pago se produjo en el año 2005, según descubrió el juez instructor del caso, José Castro. Años después, Ayuso se convirtió en jefe de prensa de la Casa Real.

Se estima, según el sumario del caso, que Nóos llegó a cobrar más de 20 millones de euros, de los que unos 13 millones corresponden a pagos realizados por entidades privadas, mientras que los siete restantes salieron de las arcas públicas de los gobiernos de Baleares, Valencia o Cataluña, entre otros.