La UE señala a la mano derecha del ministro Torres por 4 millones en mascarillas que fueron «trituradas»

La Fiscalía Europea pone el foco sobre la gestión de los contratos Covid que realizó el Gobierno canario del actual ministro Ángel Víctor Torres, titular de Política Territorial y Memoria Democrática. Especialmente sobre uno, por valor de cuatro millones de euros y otorgado a dedo por Conrado Domínguez, la mano derecha de Torres frente a la pandemia (involucrado también en el caso Tito Berni). El adjudicatario, una firma de importación de coches, cobró por adelantado y entregó mascarillas falsas que terminaron siendo trituradas en la aduana. Nunca se recibió el dinero. Este jueves, la Policía ha registrado el despacho de Conrado Domínguez en busca de pruebas de que cobró una comisión de 100.000 euros por aquel contrato. La entrada y registro se produce después de que Domínguez se negase a declarar ante la Fiscalía Europea.

El PSOE tiene un problema en Canarias. No hay trama de presunta corrupción relacionada con contratos del covid y mascarillas en la que no haya una huella canaria del gobierno de Torres. Ya ocurrió en el caso del Tito Berni -y con idénticos protagonistas-, y actualmente ocurre con el caso Koldo. En ambos procesos hay dos nombres que se repiten: Conrado Domínguez, ex director del Servicio Canario de la Salud (SCS), y el ex presidente canario Ángel Víctor Torres, hoy con asiento en el Consejo de Ministros.

La Policía Judicial ha inspeccionado este pasado jueves la sede del Servicio Canario de la Salud (SCS), situada en Las Palmas de Gran Canaria, en cumplimiento de una orden de la Fiscalía Europea. En ese registro se han buscado archivos de comunicaciones entre Domínguez y su directora de Recursos Económicos y contratación, Ana María Pérez. Según fuentes de la investigación, se trataba de localizar comunicaciones y emails en los que pudiese demostrarse la amistad y el amaño del contrato de mascarillas otorgado a la empresa RR7. Una firma que llevó a cabo una de las estafas más burdas de toda la pandemia.

En el año 2020, el que fuera el hombre de confianza de Torres para gestionar la respuesta pública al Covid encargó a la empresa RR7, especializada en la importación de vehículos deportivos, que suministrase un millón de mascarillas para los sanitarios canarios. Aquellas mascarillas llegaron, pero en la aduana se comprobó que no cumplían con los requisitos. Eran mascarillas falsificadas y terminaron siendo trituradas. Por aquel contrato, el Gobierno socialista en Canarias adelantó cuatro millones de euros. Un dinero que, aún hoy, cuatro años más tarde, no ha sido devuelto a las arcas públicas: cuando se dictó el embargo a RR7 ya no había rastro de los cuatro millones ni de ninguna propiedad.

El caso fue investigado en una primera fase en Canarias, pero la implicación de fondos europeos para pagar esas mascarillas provocó la intervención de la Fiscalía Europea contra el Fraude. El pasado lunes, Conrado Domínguez fue llamado a declarar por la Fiscalía Europea en Madrid, pero se acogió a su derecho a no declarar. Esa no colaboración, explican fuentes próximas al caso, llevó a ordenar los registros de este pasado jueves.

Sobre la mesa está la sospecha, incoada por la Policía en sus informes, de que Conrado Domínguez pudo percibir de aquel contrato una comisión que se eleva hasta los 100.000 euros. Cabe recordar que Domínguez fue una parte fundamental del equipo de expertos canarios formado para atajar la crisis sanitaria, que trabajaban bajo el mando directo del hoy ministro Torres.

Se trata del segundo registro que la Policía Judicial realiza en el SCS en menos de un mes para indagar sobre los fondos gastados en compras de material sanitario durante el gobierno socialista en los primeros meses de la pandemia de covid-19. Estos contratos son objeto ya de tres causas penales: el caso Mascarillas, el caso Koldo y un presunto fraude a Hacienda que implica al presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez.