La UE retrata a Yolanda Díaz: señala a España por «carecer de derechos laborales consagrados» en Europa

La Comisión Europea retrata a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y señala al Gobierno, ya que, por su inacción, ahora España «carece de derechos laborales consagrados» en el club comunitario. Concretamente, Bruselas advierte que ahora los españoles no disfrutan de «una serie de requisitos mínimos en materia de condiciones de trabajo» por culpa de no haber aplicado una decisión comunitaria desde hace casi tres años.

La UE se ha posicionado de un modo tan duro contra el Gobierno después de que los diputados del PP Raúl de la Hoz y Adrián Vázquez preguntaran a la Comisión Europea sobre una norma que debía haber aprobado España. Concretamente, se interesaban por la «transposición por parte de España de la Directiva (UE) 2019/1152 relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles».

Una directiva es un texto legal que se redacta en las instituciones europeas y, posteriormente, se manda a los Estados miembros para que estos aprueben una ley calcando, mayormente, la directiva. De ese modo, cada país tendrá una norma diferente, aprobada por cada parlamento nacional, pero basada en el contenido proporcionado por la UE. Para realizar todo el proceso de trasposición, los estados tienen un período de tiempo estipulado.

En el caso de esta Directiva sobre derechos laborales, aprobada en el Parlamento Europeo en junio de 2019, debía haber sido traspuesta antes del 1 de agosto de 2022. Y esto es precisamente lo que no ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez. España lleva casi tres años incumpliendo con su deber.

«Menoscabo» para los trabajadores

Por ello, De la Hoz y Vázquez interrogaban a la Comisión sobre «cómo cree» que «la falta de trasposición menoscaba los derechos de los trabajadores». Además, preguntaban sobre las medidas «dirigidas a garantizar que se transponga la mencionada directiva en España».

La institución encabezada por la alemana Ursula Von der Leyen responde que la trasposición «es esencial para garantizar que los ciudadanos de los Estados miembros disfruten de los derechos que les confieren» esas mismas normas.

En este caso, la UE va más allá y explica las consecuencias que ha provocado la inacción del Ejecutivo y de la cartera que encabeza Yolanda Díaz. «Significa que España carece de un conjunto de medidas para conferir a los trabajadores los derechos consagrados en dicha Directiva», reconoce el Ejecutivo comunitario.

Concretamente, enumera que los españoles han dejado de disfrutar en este tiempo de tres garantías laborales. El primero, «el derecho a ser informado por escrito sobre sus condiciones de trabajo básicas». Por otro lado, también se han dejado de disfrutar «una serie de requisitos mínimos en materia de condiciones de trabajo», entre los que están «la duración máxima del período de prueba, el derecho a un empleo paralelo o el derecho a un mínimo de previsibilidad en el trabajo».

Yolanda Díaz se arriesga una multa

La Comisión abrió un «procedimiento por infracción» contra el Ejecutivo después de que el Gobierno de Sánchez no pusiera en marcha los mecanismos para aprobar una norma basada en la Directiva. El primer paso fue el envío de «una carta de emplazamiento a las autoridades españolas» en septiembre de 2022.

La llamada de atención de Bruselas al Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz no hizo avanzar la situación. Por ello, en junio de 2023, la Comisión adoptó un «dictamen motivado contra España».

Ahora, el Ejecutivo europeo reconoce que existe un «diálogo con las autoridades españolas sobre el estado de trasposición». Y advierte: «A su debido tiempo, se tomará una decisión sobre el siguiente paso del procedimiento».

El Gobierno de Sánchez ya ha tenido que enfrentarse a sanciones por no cumplir con sus obligaciones comunitarias. La Comisión Europea multó en 2021 a España con 15 millones de euros por no trasponer una directiva sobre protección de datos y por no comunicar las medidas tomadas para hacerlo. También se le imponía una sanción de 89.548,20 euros adicionales por cada día de retraso desde que se publicara la sentencia y hasta que no se traspusiera la norma.